El Consejo asesor de Facebook, esa institución que Mark Zuckerberg describió originalmente como su Tribunal Superior, revisa casos muy emblemáticos para determinar si las decisiones de la empresa se han tomado de acuerdo con los valores establecidos. En su décimo caso, el consejo ha ratificado una decisión que hasta la canciller Angela Merkel calificó de “problemática”: suspender las cuentas de Donald Trump tras el asalto al Capitolio de EE UU.
“Los impactantes sucesos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump pretende usar el tiempo que le queda en el cargo para boicotear la pacífica y legítima transición de poder a su sucesor elegido, Joe Biden”, explicó Zuckerberg desde la plataforma el 7 de enero de 2021. Parece una decisión lógica, derivada de una infracción evidente. En realidad es la decisión personal y arbitraria de un magnate de 36 años de bloquear al presidente electo de los EE UU en la misma plataforma que le ayudó a llegar al poder.
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Para tomar una decisión de acuerdo con los valores establecidos, hace falta establecer los valores. Los de Facebook son más apropiados para un discurso de Miss Universo que para un Tribunal superior: “Sé audaz, concéntrate en el impacto; muévete rápido, se abierto y construye valor social”. Para infringir las normas hace falta que haya normas y que sean claras, precisas e iguales para todos. Las de Facebook dicen que el contenido debe ser auténtico, que no puede degradar, intimidar, excluir o silenciar a otros ni vulnerar la privacidad de otros. Dicen que eliminarán “el contenido que enaltece la violencia o celebre el sufrimiento o la humillación de otras personas”. Salvo que sea “de interés periodístico y relevante para el público”. Era el caso del Donald Trump.
Hasta el 7 de enero de 2021, el presidente había usado la plataforma para negar la existencia del cambio climático y la gravedad de la covid-19, para emplazar violadores y criminales a los mexicanos, para cuestionar la legalidad del voto por correo, para desmotivar el voto latino, para incentivar la violencia contra los afroamericanos durante las manifestaciones por el asesinato de George Floyd. Para culpar al partido demócrata de haberle robado las elecciones y pedirle al vicepresidente que anulara el resultado electoral. Hizo campañas de deshumanización contra los migrantes de centroamérica, anuncios contra la Antifa salpicados de simbología carca, ataques degradantes, miserables y machistas contra sus oponentes, Hillary Clinton y Joe Biden. En todos esos casos, el interés público se había impuesto sobre el social.
“No es nuestro trabajo intervenir cuando hablan los políticos —explicaba el Vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación, Nick Clegg, en el Atlantic Festival de Washington de 2019. — No sometemos el discurso de políticos a nuestros verificadores independientes y lo permitimos como normal general incluso cuando infringe nuestras normas de contenido”. No mencionó un detalle importante: las campañas políticas suponen más del 3% de ingresos de Facebook en EE UU y Trump hizo más campaña en Facebook que en ningún otro lugar.
El día de las elecciones, Trump se había gastado más de 90 millones de dólares en su campaña de Facebook. Y Zuckerberg había repetido una y otra vez que las plataformas no podían ejercer el poder de silenciar a un líder elegido democráticamente. Solo cambió de opinión cuando Trump había quemado sus posibilidades de volver a la política, ejerciendo un poder que en democracia solo tienen los jueces, de la misma forma arbitraria y opaca con la que define valores o implementa las normas. El consejo que valida ahora la decisión de Zuckerberg, es la última adquisición en una parodia de justicia construida para disfrazar un poder sin democracia que se reserva todos los derechos sin aceptar ninguna responsabilidad.
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