En un giro preocupante del panorama institucional mexicano, a tres meses de su creación, el organismo federal Transparencia para el Pueblo ha desatado alarmas entre diversas organizaciones y expertos en derechos humanos. Este organismo se formó tras la disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y desde que comenzó sus operaciones el 12 de mayo, ha presentado un índice de desechamiento de recursos de revisión que alcanza un inquietante 99.6%.
Los datos oficiales revelan que, desde su inicio, Transparencia para el Pueblo ha recibido un total de 2,253 recursos de revisión; sin embargo, solamente 457 de estos han sido resueltos. Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad y la capacidad del nuevo organismo para garantizar el acceso a la información, un derecho fundamental en una democracia.
El elevado porcentaje de desechos sugiere un posible desinterés o insuficiencia en el manejo de las solicitudes, lo que podría erosionar la confianza de la ciudadanía en la capacidad del gobierno para actuar con transparencia. La atención se centra ahora en cómo este nuevo ente manejará sus funciones en un contexto donde la transparencia es más importante que nunca.
Este fenómeno no solo afecta a quienes presentan solicitudes, sino que también refleja un cambio en la política de transparencia del gobierno, lo cual podría tener repercusiones significativas en la forma en que la sociedad civil interactúa con las instituciones públicas.
Las implicaciones de un organismo con un índice de resolución tan bajo son profundas. La comunidad de derechos humanos, junto con el público en general, observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos, esperando que el organismo ajuste su enfoque y mejore su respuesta a las demandas ciudadanas.
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