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Cuando conocí a Pilar pude notar su miedo, estaba a punto de tirar la toalla. Llegó a creer que moriría sin ver reconocida la incapacidad permanente en el grado que, por derecho, le correspondía. Lamentablemente, no puedo decir que esto sea una excepción pues, efectivamente, algunos de nuestros clientes se han quedado en el camino. Y es que se trata de un camino que, además de duro, es largo. Algunos tardan cinco años en los procesos hasta que finalmente el afectado ve reconocido el grado solicitado (y se han dado casos que incluso más).
Información
En España, según las últimas cifras del 2020 proporcionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 948.917 personas tienen reconocida una pensión por incapacidad permanente. Sin embargo, las cifras anteriores a la pandemia revelaban que más del 95% de solicitudes. Para este tipo de prestaciones eran rechazadas en la vía administrativa. En la actualidad, los datos y previsiones son todavía más demoledores. Según los expertos que manejamos desde nuestra consultora legal, experta en este tipo de prestaciones.
Pilar Ruiz, presidenta de la Asociación de Cáncer Gástrico y Gastrectomizados, pensó en renunciar a su pensión absoluta en varias ocasiones. Todo comenzó cuando, por su cuenta, solicitó la incapacidad permanente y, le dieron un grado inferior al que le correspondía en ese momento, le dieron la total en lugar de la absoluta que le correspondía. La total es aquella que reconoce la falta de capacidad de la paciente para su trabajo habitual (estilista en su caso). Cuando, en realidad, las secuelas de su cáncer de estómago y posterior gastrectomía (extirpación del estómago) le incapacitaban para cualquier trabajo. Es decir, le correspondía de forma clara una incapacidad absoluta.
Se puso entonces en manos de un abogado que no era especialista en la materia y que perdió el caso en primera instancia de la vía judicial. A partir de ahí, lo que ha vivido es un auténtico calvario.
Tristemente, la historia de Pilar es la de miles de españoles. Cada vez que relata su historia (casi siempre con alguna lágrima en los ojos), nos encoge el corazón sobremanera:
“Casi cuatro años con unos ingresos de 500 euros, separada, con una niña menor de edad y sin poder trabajar en nada por mis secuelas, con la ayuda de mi madre para poder sobrevivir, malvendiendo mi coche y un largo etc. Todo ello acompañado de ingresos periódicos en el hospital, anemia y desnutrición, neumonía, mareos y desvanecimientos por las bajadas de azúcar, defensas muy bajas, y otras secuelas vinculadas al Síndrome de Dumping severo que me produjo la gastrectomía”, nos contaba hace unos días.
Estuvo a punto de tirar la toalla en, al menos, un par de ocasiones. De hecho, me hizo prometerle que, si se quedaba por el camino (si moría), continuaríamos desde Fidelitis con el proceso, incluso en Europa, hasta que sus derechos le fueran reconocidos.
Sin embargo, Pilar comienza a ver la luz al final del túnel la semana pasada, cuando le comunicamos la resolución favorable de incapacidad permanente absoluta.
Desde que la conocí supe que era una luchadora, pero tenía motivos para estar preocupada. Y es que la mayor parte de los procedimientos que se pierden en la vía administrativa no se reclaman (más del 70% según las últimas estimaciones) por varios motivos, pero principalmente por desconocimiento de los derechos que se tienen. Asimismo, el sistema está “montado” para que los procesos se alarguen muchas veces, como el de Pilar y de tanto otros.
