A las mejores amigas de Vicky Hernández se les puede dividir en dos grupos: las que están muertas y las exiliadas. En vida, esta mujer transgénero asesinada a los 26 años fue discriminada por su identidad, por ser trabajadora sexual y seropositiva. Tras su ejecución por un tiro en la cabeza durante el golpe de Estado de Honduras de 2009, la joven que a menudo llegaba a casa golpeada, víctima de ataques de odio, y que luchó por los derechos trans y por sacar adelante a su familia, atrajo a un ejército de mujeres diversas que ahora luchan para que su muerte no quede impune.
Entre quienes impulsan el caso ‘Vicky Hernández y otros contra Honduras’ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que podría determinar por primera vez la responsabilidad de un Estado en la muerte de una persona trans— están algunas compañeras que le sobrevivieron, como Claudia Spellman, quien dirige el Colectivo Unidad Color Rosa, donde Vicky se convirtió en activista. Spellman tuvo que exiliarse a Estados Unidos para no acabar como ella.
También están su madre y su hermana Tatiana, que siempre la apoyaron, y otras profesionales que, sin conocerla personalmente, se unieron al litigio, como la abogada colombiana Angelita Baeyens, de la Fundación de Derechos Humanos Jonh F. Kennedy de Washington; la activista hondureña Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas; o la perito argentina Marlene Wayar, quien también es transgénero y que declaró como experta en el juicio.
Las pruebas reunidas por la comunidad trans, claves en el caso
El 29 de junio de 2009, el cuerpo sin vida de Vicky Hernández apareció en una calle de San Pedro Sula con un impacto de bala en la cabeza. Las dos últimas personas que la vieron con vida, Michelle Torres y Fergie Alicia, otras dos mujeres transgénero, contaron que la perdieron de vista cuando salían de casa de una amiga y llegó una patrulla de policía que empezó a perseguirlas. Cada una corrió en una dirección. Separarse era una estrategia que tenían en su grupo para tratar de evitar las agresiones sistemáticas por parte de las fuerzas de seguridad, como explicó Claudia Spellman en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las dos testigos presenciales no han podido declarar en ese tribunal porque fueron asesinadas poco después. Pero el rol de la comunidad transgénero de San Pedro Sula ha sido clave para reunir las evidencias del caso. Una de esas mujeres. Lisa Camacho, fue la encargada de preparar el cuerpo de Vicky para el velorio, que hicieron en la sede de la organización. La mujer, que también tuvo que exiliarse después a Estados Unidos, se dio cuenta de que el cadáver no presentaba ninguna cicatriz que indicara que las autoridades le hubieran practicado una autopsia, algo que en las audiencias del caso Spellman atribuyó a una discriminación por ser trans y VIH positiva.
La defensa de Vicky alega que no se investigaron las evidencias que aparecieron al lado de su cuerpo —una bala y un condón usado—. Y que la forma en la que la asesinaron, con un disparo en la cabeza. Coincide con cómo mataron a las otras 14 mujeres trans que fueron asesinadas durante el golpe de Estado. Un patrón que Angelita Baeyens interpreta “casi como una limpieza social”. Además dice que, doce años después de su muerte, el Estado no ha hecho casi nada para investigar el asesinato.
