En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una estrategia que se articula en 17 objetivos ambiciosos destinados a transformar el mundo. Entre los objetivos más destacados se encuentran la erradicación de la pobreza, el fin del hambre, el acceso universal a la salud, así como la promoción de la paz, la justicia y el fortalecimiento de instituciones sólidas.
Avanzando hacia 2023, un informe crítico sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reveló que los resultados eran desalentadores. Más del 50% de las metas se encontraban estancadas o mostraban avances insuficientes, mientras que aproximadamente el 30% incluso había retrocedido. La edición de 2025 del informe mantiene esta tendencia preocupante, indicando que la mitad de las metas avanzan a un ritmo alarmantemente lento, con un 18% que retrocede.
Cada uno de los objetivos incluye metas específicas que requieren atención. Por ejemplo, el ODS 16, centrado en la paz, la justicia y las instituciones sólidas, supone compromisos cruciales como la reducción de la violencia y el fortalecimiento del estado de derecho. Durante este periodo, la tasa global de homicidios disminuyó de 5.9 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 5.2 en 2023. Sin embargo, si esta tendencia se mantiene, la reducción para 2030 será de solo un 25%, lejos del objetivo de 50% establecido en la Agenda. Cabe destacar que la concentración de homicidios se centra mayormente en América Latina, el Caribe y África Subsahariana, donde se reporta casi dos tercios de las víctimas globales.
El informe de 2023 también resalta el acceso desigual a la justicia. De acuerdo con los hallazgos, el 31% de la población encarcelada en 2023 no contaba con una condena, un incremento sobre el 29% registrado en 2015. Además, los asesinatos de periodistas aumentaron un 11% con respecto a 2023, con África del Norte y Asia Occidental figurando entre las regiones más peligrosas para la prensa. En América Latina y el Caribe, la situación es aún más crítica para los defensores de derechos humanos.
En el contexto de la corrupción, el informe destaca el narcotráfico como un potente motor de redes corruptas. Se señala a México, Myanmar, Afganistán, Colombia y Perú como países generadores de flujos ilícitos de miles de millones de dólares a partir del tráfico de drogas. La medición de estos flujos se considera esencial para comprender las dinámicas del crimen y diseñar políticas efectivas en su contrarrestación.
Un análisis detenido de los informes de 2023 y 2025 plantea la inquietante pregunta de cómo puede México avanzar en indicadores de violencia, justicia y estado de derecho, cuando el crimen organizado, alimentado por la corrupción, ha penetrado profundamente en instituciones clave. La falta de acción efectiva en el ODS 16 es particularmente preocupante, considerando que naciones como Dinamarca, que lideran el Índice de Percepción de la Corrupción, siguen distantes de realidades más críticas.
A pesar de los llamados constantes a reforzar la cooperación internacional y el apoyo al sistema de desarrollo de la ONU, estos mensajes a menudo se diluyen en un contexto de apatía, falta de recursos y un creciente nacionalismo. Restan solo cinco años hasta 2030 para intentar un cambio transformador que ha resultado esquivo durante toda una década. El futuro es incierto, y la historia de la Agenda 2030 podría transformarse en un recordatorio de las enormes brechas que aún persisten en la lucha por un desarrollo sostenible y equitativo. Tal vez sea necesario un replanteamiento que contemple las realidades regionales y permita un enfoque más efectivo y responsable en el cumplimiento de estas metas.
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