En un contexto mundial de alta inflación, el aumento de precios en Argentina en este 2022 va camino de volver a superar el 50% anual y podría batir el récord de las últimas tres décadas. En febrero, el Índice de Precios al Consumidor avanzó un 4,7% respecto a enero, impulsado por la subida de los alimentos (7,5%) y el transporte (4,9%), según el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El alza es superior a la de enero (3,9%), pero se calcula que será aún mayor en marzo, debido a las consecuencias de la guerra en Ucrania en el valor de bienes atados a mercados externos, como los combustibles y algunos alimentos.
“El contexto de la guerra impacta de forma directa en la canasta alimentaria de la Argentina. La guerra entre Rusia y Ucrania está presente en la Argentina y se ve en el impacto en los commodities que hoy están significando una suba en el precio de los huevos, la leche, el aceite. Esto está afectando fuertemente a la situación socio económica”, ha advertido esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su comparecencia ante el Senado para defender el acuerdo de reestructuración de los 45.000 millones de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Argentina cerró 2021 con una inflación del 50,9%. Es una cifra alta, la mayor de Sudamérica después de Venezuela, pero está por debajo del 53,8% que se registró en 2019, el último año de Mauricio Macri como presidente. Durante la campaña electoral, Macri aseguró que la inflación era la demostración de la “incapacidad para gobernar”, “culpa de un Gobierno que se administra mal, que gasta más de lo que tiene y entonces recurre a la maquinita de hacer billetes”. En su lugar, Macri recurrió a la financiación externa, tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional. No solo no logró controlar la inflación, sino que fue la más elevada desde el estallido de la crisis económica de 2001.
Su sucesor, Alberto Fernández, tampoco ha logrado detener la escalada de precios. Ni siquiera el desplome del PIB argentino un 9,9% en 2020 por la pandemia fue suficiente para detener la inercia inflacionaria: ese año el IPC avanzó un 42,2%.
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El acuerdo con el FMI —que ha sido aprobado ya por la Cámara de Diputados y se prevé que se someta a votación en el Senado el próximo jueves o viernes— obliga a Argentina a reducir la emisión monetaria y el déficit fiscal, lo que a priori favorecería un freno al rápido aumento de precios. Sin embargo, exige también que el Estado retire los multimillonarios subsidios a la energía —equivalentes al 2,3% del PIB— y aumente las facturas de gas y electricidad, una medida que va en dirección contraria.
“La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y sin ninguna duda es también la principal preocupación y el principal desafío que tiene el Gobierno”, admitió Fernández el pasado 1 de marzo. El presidente argentino anticipó que este viernes van a comenzar “una guerra contra la inflación”, como si hasta ahora no hubiesen peleado sin éxito contra ella con acuerdos de precios en productos básicos, restricciones a las exportaciones y la congelación de tarifas energéticas y de transporte público, entre otras políticas.
En el presupuesto de 2022 —rechazado por el Congreso—, el Gobierno peronista estimó una inflación del 33% para este año. Las consultoras que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central son mucho menos optimistas y prevén que será cercana al 55%.
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