El silencio del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido que entre en vigor una de las más restrictivas leyes contra el aborto en el país. Desde el primer minuto del miércoles la interrupción del embarazo queda prohibida en el Estado de Texas a partir de la sexta semana de gestación. La polémica iniciativa estatal 8, aprobada en mayo pasado por la mayoría republicana en las cámaras locales, limita el papel de las autoridades en la vigilancia de la norma que, en cambio, permite a “cualquier persona” demandar a mujeres, médicos o a quien auxilie en la interrupción de un embarazo. El presidente Joe Biden ha señalado la mañana del miércoles que esta nueva norma es “una evidente violación” a la Constitución y que su Administración combatirá para defender el emblemático fallo de Roe v. Wade, que desde 1973 da a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
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“La ley de Texas perjudicará significativamente el acceso de las mujeres a la salud, particularmente en las comunidades de color y pobres”, ha comentado el mandatario demócrata a través de un comunicado. La Casa Blanca critica el espíritu de persecución de la norma, que se teme provoque una ola de denuncias en un Estado muy conservador. “De forma atroz, delega a ciudadanos la responsabilidad de denunciar a quienes crean que han auxiliado a otra persona a abortar, lo que puede incluir familiares, trabajadores de salud, secretarias o empleados en las clínicas o extraños sin relación al individuo”, afirma el texto.
Texas Right to Life, la organización anti derechos más grande del Estado del sur, ha celebrado la aprobación de la norma y ha lanzado una página web que permite a cualquiera señalar de forma anónima a quien se cree ha estado vinculado con un aborto. El sitio fue derribado hace algunos días por un ataque informático, pero ha sido recuperado por la asociación, que ha recibido una orden de restricción de la Fiscalía de Dallas ante el cúmulo de demandas que estaba presentado en defensa de la vida.
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Los responsables de las clínicas de control de natalidad en Texas estiman que la nueva norma afectará al 85% de los abortos que se hacen en el Estado y que muchas mujeres no saben aún que están embarazadas a las seis semanas de gestación. Otro de los puntos polémicos de la norma, la más severa en una avalancha de iniciativas de protección a la vida que comenzaron a promulgarse hace casi una década, es que utiliza el término “latido fetal”. “Un médico no puede inducir un aborto en una mujer embarazada si detectó el latido fetal de un menor”, señala la norma. Diversos especialistas argumentaron desde el debate legislativo que los embriones no desarrollan las cuatro cámaras del corazón hasta la semana nueve. Esta es la primera norma estatal que protege la vida desde un latido.
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Planned Parenthood, la organización de derechos reproductivos más grande de Estados Unidos, ha dicho que aún no concluye la batalla legal por esta norma, que calificó de “ridícula”. Alexis McGill, la directora nacional de la organización, afirmó que sus clínicas en el Estado continuaban abiertas para “ayudar a los tejanos a navegar esta peligrosa ley”. Esa no era la realidad para muchas otras clínicas, que habían recibido en los últimos días decenas de pacientes temerosas de que la ley entrara en vigor. La directora de otro centro, el Whole Woman’s Health, señaló que este miércoles comenzaron a mandar de vuelta a casa a muchas mujeres que buscaban interrumpir su embrazo por los miedos que despierta la nueva normativa. Algunas empleadas de la clínica dudaban seguir trabajando para el sitio ahora que se exponen a demandas civiles.
Hacia la medianoche el Supremo declinó pronunciarse sobre la ley. Fue un nuevo gesto de la mayoría conservadora de la Corte, que en las últimas semanas ha dado severos varapalos a leyes progresistas abanderadas por la Administración demócrata. Entre estas decisiones estuvo el revivir un programa de la era de Donald Trump que obliga a los migrantes que claman asilo a esperar su proceso en México y a permitir nuevamente los desalojos en las comunidades afectadas por la pandemia. Los jueces aún pueden aceptar solicitudes de emergencia de grupos de derechos humanos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), PP y el Centro de Derechos Reproductivos han emprendido una lucha legal para derribar la norma. Será una larga batalla contra una mayoría, que al menos hoy, parece consolidada.
