La etarra Soledad Iparraguirre, alias Anboto o Marisol, apenas ha hablado en su décimo juicio celebrado en España, que ha acogido este jueves la Audiencia Nacional. La terrorista solo ha tomado la palabra para aceptar la petición de 70 años y 8 meses de cárcel que reclamaba la Fiscalía para ella por el asesinato de dos policías en Vitoria en agosto de 1987, durante las fiestas patronales de la Virgen Blanca. Con este movimiento, Anboto suma su octava condena desde que Francia, donde fue sentenciada también por su pertenencia a la banda, autorizase su extradición en 2019 para que fuera juzgada por los casos que tenía pendientes. A día de hoy, su sangriento historial suma ya casi 369 años de prisión.
En el momento del atentado de Vitoria, Anboto formaba parte del comando Araba. Según las conclusiones de la Fiscalía, a cuya acusación se ha sumado la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), este grupúsculo de ETA había puesto en la diana a los agentes de la Policía Nacional que acudían “habitualmente” a una fuente ubicada en el Alto de Armentia. Así que, según ha admitido este jueves la terrorista al aceptar el relato del ministerio público, ella misma participó en la preparación de un artefacto explosivo compuesto por 36 kilos de amonal y 40 kilos de metralla que, a continuación, colocaron en la zona y que detonaron a distancia cuando se acercó un vehículo del Cuerpo.
El atentado causó dos muertos: los agentes Rafael Mucientes y Antonio Ligero, que dejaron viudas e hijos. También provocó heridas graves en una mujer que se encontraba en la zona. “Anboto era consciente de que, con dicha acción, podía ocasionar la muerte de cualquier otra personas que se encontrara en las inmediaciones, y desperfectos en los bienes a los que alcanzare la onda expansiva, lo que asumió”, incide la Fiscalía.
Los diez juicios
Anboto, que llegó a ser jefe de ETA y que aún tiene pendientes más causas, acumula ya diez juicios en la Audiencia Nacional. De ellos, ocho se han saldado con condenas. Además de la sentencia de este jueves, la etarra acumula 122 años de prisión por el asesinato de Luciano Cortizo, comandante del Ejército de Tierra, en 1995; 50 años por el tiroteo en 1995 contra los policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao —que provocó la muerte de un agente y dejó tetrapléjico a otro—; 11 años de cárcel por la colocación de una bomba en 1994 junto a un banco de Getxo (Bizkaia), que no causó víctimas; 39 años por el asesinato en 1985 de Estanislao Galíndez, cartero de la localidad alavesa de Amurrio, al que la banda consideraba confidente de las fuerzas de seguridad; 15 años por ordenar acabar con la vida del rey Juan Carlos I con ocasión de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997; y 15 años por el ataque al palacio de Justicia de Amurrio en 1996, que no dejó víctimas mortales.
Los tribunales españoles han absuelto, además, a la terrorista por otros dos crímenes: el atentado cometido en 1997 contra una comisaría de Oviedo y la colocación de un coche bomba junto al estadio de Mendizorroza en Vitoria en 1985. La Fiscalía recurrió ambas resoluciones al Supremo.
Anboto tiene más frentes abiertos. Su nombre se encuentra en el listado de 21 antiguos jefes de ETA investigados por la Audiencia Nacional como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados —una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—: entre otros casos, por el atentado contra el magistrado Francisco Querol, donde perdió la vida el juez y otras tres personas; y el ataque contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que dejó dos muertos —una de los dos, una niña de seis años— y más de medio centenar de heridos. También se sigue la pista de Iparraguirre por el asesinato en 1985 de Carlos Díaz Arcocha, primer jefe de la Ertzaintza. En esta causa, por facilitar supuestamente información sobre la víctima.
Condenas al ‘frente jurídico’ de ETA
La Audiencia Nacional ha condenado a cárcel a varios miembros del bautizado como “frente jurídico” de ETA, que tenía como objetivo “esencial” el control de los presos de la banda. La Sala de lo Penal ha impuesto una pena de siete años y seis meses de reclusión a la abogada Arantxa Zulueta, principal acusada. También ha sentenciado con prisión a otros tres letrados: Jon María Enparantza (cuatro años), Naia Zurriarain (tres años y seis meses) e Iker Sarriegi (tres años y un día). Por su parte, el tribunal ha absuelto a otros tres procesados por falta de pruebas: Julen Celarain, Saioa Agirre y Nerea Redondo.
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