La juez Yolanda Rueda ha cerrado el caso Isofotón, que investigaba las ayudas de la Junta de Andalucía a la empresa energética malagueña del mismo nombre, tras un defecto de forma por haber prorrogado la investigación durante cuatro meses de manera irregular en 2017. La causa multiplicó su relevancia hace un año y medio cuando la Fiscalía Anticorrupción señaló a los ministros María Jesús Montero y Luis Planas, como antiguos consejeros andaluces de Salud y Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que concedieron una ayuda de 8,3 millones a la empresa Isofotón en 2012. Ahora las pesquisas se frenan en seco tras el carpetazo de la juez, que beneficia a los 38 investigados, entre ellos cuatro exconsejeros andaluces de la Junta.
La magistrada concluye la causa para seguir el criterio de la Audiencia de Sevilla, que excluyó a varios investigados por ese retraso formal cometido en 2017 por el Juzgado de Instrucción 3 de la capital andaluza. “La Audiencia considera que la primera prórroga fue extemporánea al haberse acordado cuatro meses después de la expiración del plazo determinado por la complejidad de la causa. La consecuencia es la nulidad y falta de validez de todo lo actuado con posterioridad”, reza el auto [resolución motivada] de la juez del pasado lunes, avanzado este miércoles por Diario de Sevilla.
La causa surgió en 2015 para investigar las ayudas públicas por 80 millones que recibió la firma malagueña de energía fotovoltaica Isofotón entre 2005 y 2012, y estudiar si la Junta las concedió a sabiendas de la mala situación económica de la empresa. En febrero de 2021 Anticorrupción requirió el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos que en 2012 modificó una propuesta de inversión para un préstamo a Isofotón por 8,3 millones, comisión de la que formaron parte Montero, Planas y otros cinco consejeros.
El préstamo se elevó al Consejo de Gobierno de la Junta debido a su alta cuantía y la Fiscalía sospechó del expediente de concesión porque indicaba que la firma no estaba “en situación de crisis ni había recibido ayudas públicas”, pese a que del total de los 29,8 millones de deuda de Isofotón, 29 millones estaban avalados por la Junta, “casi el 100%”. Además, el plan de negocio de la consultoría Price Water House no estaba “verificado” y se basaba en una “declaración de intenciones”, censuró la Fiscalía.
Contra la decisión de la juez cabe ahora recurso, pero tiene escasas posibilidades de prosperar porque en última instancia sería resuelto por la Audiencia, que es el órgano que ha fijado el criterio sobre la prórroga irregular para investigar. La grieta legal que han aprovechado las defensas para tumbar el caso la detectó el abogado Juan Carlos Alférez, de Constitución 23 estudio de litigación. “El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como cualquier norma jurídica, responde a la tutela de bienes jurídicos concretos, en el caso, el derecho de todos los ciudadanos a que el proceso penal se desarrolle en plazos temporales razonables y que quien goza de la presunción de inocencia no se vea sometido a las instrucciones interminables que durante lustros se venían desarrollando en nuestro país”, valora el letrado.
Entre los investigados ahora excluidos del sumario, además de los cuatro exconsejeros (Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila), están tres exviceconsejeros, el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta y el exdirector de promoción e Invercaria, Juan María González, sobrino de Felipe González.
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