Este viernes, la junta birmana sentenció a la exlíder civil Aung San Suu Kyi a otros tres años de cárcel por fraude electoral, durante un proceso denunciado como político por la comunidad internacional.
Es la enésima sentencia que se le impone a la premio Nobel de la Paz de 77 años, y con la que suma 20 años de prisión por acusaciones de supuestos delitos como importación ilegal y posesión de walkie-talkies, violación de las restricciones del coronavirus e incitación a los disturbios públicos entre otros.
El régimen dictatorial del general Min Aung Hlaing terminó con 10 años de transición democrática tres meses después de las elecciones de 2020. Las fuerzas militares encarcelaron a Suu Kyi y a sus compañeros de partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), el presidente depuesto Win Mying y el ministro de la Oficina del Gobierno de la Unión, Min Thu, en una cárcel de Naipydó. A estos tres integrantes del partido se les ha sentenciado por el supuesto hallazgo de 2.000 votos repetidos en los comicios de noviembre de 2020.
Los observadores internacionales avalaron la victoria arrolladora del partido de Suu Kyi y describieron la votación como “representativa” de la voluntad del pueblo de Myanmar, igual que en 2015. Esto no ha frenado a Min Aung Hlaing que ha utilizado el supuesto fraude en las elecciones para legitimar su toma de poder.
Suu Kyi fue puesta a finales de junio en confinamiento penitenciario en Naypidó, el lugar donde ha estado retenida desde el golpe de Estado, y donde continúan los juicios contra ella y los integrantes de su partido.
El tribunal militar ha realizado los procesos a puerta cerrada y ha prohibido a sus abogados hablar con la prensa y los organismos internacionales. Los abogados de Suu Kyi han calificado de invención todas las acusaciones presentadas en su contra. Manny Maung, especialista en Derechos Humanos ha afirmado: “Estas audiencias a puerta cerrada no determinan la credibilidad de las condenas de Aung San Suu Kyi”.
Los enviados especiales de la ONU y la ASEAN no han conseguido ver a la exmandataria durante sus últimas visitas. Esto es un símbolo del fracaso de los esfuerzos diplomáticos emprendidos durante los últimos meses y es un indicador más del caos que está sufriendo en el país.
El golpe de Estado ha sumido a Myanmar en una fuerte crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia donde nuevas milicias civiles han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Min Aung Hlaing ha prometido celebrar elecciones en 2023 tan pronto como el país este “en paz y estable” y ha anunciado una “reforma” del sistema electoral. El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, ha pedido a la comunidad internacional que no apoye este proyecto y lo ha calificado de “farsa electoral”.
La brutal represión que han ejercido los policías y soldados contra manifestantes pacíficos y desarmados desde el golpe de Estado ha dejado más de 2.000 muertos y más de 15.000 arrestos, según la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
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