El lunes, la justicia brasileña a partir del próximo 1 de enero pondrá en marcha el llamado “presupuesto secreto” que reina en el Congreso Nacional, un mecanismo que en la práctica sirve para comprar votos. Desde la campaña electoral, el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva defendía que había que modificar esa herramienta: “No puede continuar como está, creo que todo el mundo comprende eso”, decía hace unos días.
El “presupuesto secreto” es como se conoce popularmente a las llamadas enmiendas de relator y consiste en que parte de los fondos del Estado se destinan a atender las demandas de senadores y diputados, sin que sus nombres sean divulgados. Ese dinero normalmente sirve para financiar obras (un hospital, una escuela, una carretera…) en la región donde cada congresista tiene su base electoral, favoreciendo así sus posibilidades de ser reelegido. No hay criterios claros: el dinero no va donde el Gobierno considera que es más prioritario, sino donde decide el responsable del presupuesto en el Congreso, dando margen para todo tipo de juegos de intereses.
Buena parte del presupuesto del país queda secuestrado por los parlamentarios sin que se sepa dónde va a parar, lo que además deja al Gobierno con escaso margen de maniobra. En los años de Jair Bolsonaro, este presupuesto misterioso alcanzó los 26.100 millones de reales (casi 5.000 millones de dólares, más de 4.600 millones de euros) de media cada año. La organización Transparencia Internacional llegó a calificarlo como “el mayor esquema de corrupción institucionalizada de la historia”.
Aunque en origen las enmiendas son legales y existen desde hace tiempo, su versión más oscura, donde no se conoce ni el parlamentario ni el destino de los recursos, arrancó en 2020 y fue clave en la relación entre el Gobierno de Bolsonaro y el Congreso, favoreciendo su gobernabilidad. El presidente de la Cámara, Arthur Lira, aliado del líder de ultraderecha, regó con estos recursos a decenas de diputados que facilitaron la aprobación de proyectos de interés del gobierno.
Toda esa red se ha acabado, al menos de momento. El Tribunal Supremo Federal, interpelado por partidos de izquierda, pero no por el PT de Lula, decidió declarar el instrumento inconstitucional.
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