La justicia francesa ha pisado el acelerador en el denominado caso dieselgate. Esta semana se han conocido, en cascada, sendas imputaciones por “fraude” contra Volkswagen, Renault y ahora Peugeot, por la presunta utilización de programas para encubrir las emisiones contaminantes de algunos motores diésel de generaciones precedentes, que en el caso de la compañía alemana ya le ha llevado a pagar multimillonarias sanciones en otros países.
Pese a las aseveraciones acerca de que no han hecho nada malo —o en el caso del gigante germano, que ya ha pagado por ello—, el caso promete seguir provocando inquietud entre los grandes del automóvil europeo: según ha reconocido Stellantis —la fusión de PSA y FCA consumada a comienzos de este año— otras dos marcas de la compañía, Fiat y Citroën, recibirán de forma inminente sus propias convocatorias ante el tribunal de París que lleva el caso.
La última imputación fue dada a conocer por la propia Stellantis. En un comunicado, el grupo que reúne marcas emblemáticas como Peugeot, Fiat, Citroën, Maserati, Alfa Romeo, Opel, Jeep o Chrysler, anunció cerca de la medianoche del miércoles al jueves que los jueces instructores franceses han imputado a la marca del león por “acusaciones de fraude sobre la venta de vehículos diésel Euro 5 que tuvo lugar en Francia entre 2009 y 2015”. Según la Agencia France Presse, una fuente judicial ha confirmado la imputación por “fraude que conlleva un peligro para la salud del ser humano o del animal”.
