En un nuevo giro de acontecimientos en Turquía, una ley recientemente promulgada permite al gobierno central apoderarse de propiedades históricas de manos de las autoridades locales, lo que ha generado inquietudes sobre la protección de sitios patrimoniales. Esta medida, que impacta principalmente a los municipios controlados por la oposición, refleja una estrategia más amplia para debilitar la influencia de los gobiernos locales, especialmente tras la victoria de la oposición en varias ciudades en las elecciones de 2024.
El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, ha sido una figura central en este contexto. Después de ser encarcelado el año pasado, su administración había sido pionera en la conservación de más de 1,000 propiedades históricas y en el fomento de actividades culturales. La ley, que altera la regulación sobre las fundaciones, o ‘vakıfs’, estipula que las propiedades que una vez fueron donadas a estas instituciones, a menudo hace siglos, serán transferidas a fundaciones gestionadas por el Estado, especialmente aquellas que ahora son administradas por los municipios.
Zeynep Oduncu Kutevi, diputada del Partido de la Igualdad y la Democracia, advirtió sobre las implicaciones de esta legislación, que podría resultar en “la pérdida cultural y la usurpación de la voluntad y la identidad del pueblo.” Kutevi genera alarma al afirmar que esta medida socava el principio fundamental de la autogobernanza local, ya que propiedades que han sido preservadas y mantenidas por los municipios durante años podrían ser confiscadas.
La ley afecta a miles de propiedades en Turquía, muchas de las cuales fueron originalmente encomendadas para financiar servicios religiosos y sociales durante el Imperio Otomano. En este contexto, Adem Çalkın, miembro del Partido Justicia y Desarrollo y patrocinador de la legislación, defendió la iniciativa, afirmando que su prioridad es “salvaguardar el legado confiado a nosotros”.
Sin embargo, críticos como Ülkü İnanlı, representante del Partido Republicano del Pueblo de İmamoğlu, subrayan que la dirección que supervisa estas fundaciones carece de la capacidad y el conocimiento local para operar espacios culturales. Este enfoque podría transformar estos lugares en oportunidades para el lucro en lugar de preservar su valor cultural y accesibilidad pública.
Istanbul, siendo la ciudad más grande de Turquía, alberga la mayor cantidad de sitios patrimoniales. A lo largo de su mandato, İmamoğlu ha logrado que el municipio dedique más del 1% de su presupuesto anual, que asciende a aproximadamente 10,000 millones de dólares, a actividades culturales y conservación. Su popularidad, en gran parte, se debe a su compromiso con mejorar el acceso a la cultura, lo que según algunos observadores, ha motivado la introducción de esta nueva ley.
El arresto de İmamoğlu en marzo del año pasado, bajo cargos de corrupción y terrorismo que él niega, provocó las protestas más grandes en Turquía en más de una década. Más de 100 funcionarios de la ciudad fueron detenidos, incluyendo a su adjunto Mahir Polat, quien había sido fundamental en los proyectos de restauración.
La lucha por estos sitios no es solo un conflicto por la cultura; según el politólogo Emre Erdoğan, se inscribe dentro de un “Kulturkampf” moderno, en el que el gobierno busca despojar a la oposición de sus recursos. Ejemplos como la Cisterna Basílica, clasificada como Patrimonio de la Humanidad, destacan el riesgo inherente de esta ley. Este histórico cisternario atrajo a casi 2.8 millones de visitantes el año pasado, lo que pone de relieve su importancia cultural y económica.
Además de la Cisterna, otros espacios como Casa Botter, el primer edificio Art Nouveau de Estambul, también están en peligro. Según İnanlı, la ley permitiría que la dirección de las fundaciones reclamara propiedades sin necesidad de una demanda legal, lo que podría llevar a una privatización masiva de estos sitios.
El caso de Tersane, un astillero del siglo XV, ilustra las diferentes filosofías de gestión del patrimonio. Mientras que la porción del Estado se transformó en un complejo hotelero de lujo, el área gestionada por el municipio se rehabilitó como un espacio artístico, preservando su funcionalidad como astillero activo.
Los cambios propuestos son vistos por algunos como camino hacia una mercantilización del patrimonio cultural, lo que corren el riesgo de limitar la administración pública y el acceso a los bienes culturales en el futuro. El destino de estos lugares emblemáticos se encuentra ahora en un delicado equilibrio entre la herencia cultural y los intereses políticos.
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