La lucha de Punta de Mita por sus costas.

En la playa Las Cocinas, situada en la costa nayarita, se vivió una intensa actividad de construcción hasta el pasado martes. En el horizonte de este paraíso, máquinas levantaban montículos de piedra y arena, interrumpiendo drásticamente el paisaje. La empresa Cantiles de Mita, parte del grupo desarrollador Dine, ha estado erigiendo un lujoso complejo turístico de hoteles y departamentos desde marzo. Este proyecto, que se extiende sobre la zona federal cercana a la playa, ha desencadenado protestas por parte de los habitantes de Punta de Mita y comunidades aledañas, quienes defienden su derecho al acceso libre y rechazan la privatización del espacio. “La maquinaria sigue avanzando mientras se nos pide paciencia; esto revela que las autoridades están protegiendo intereses privados, no al pueblo”, señala Efraín López, uno de los defensores del territorio.

Hasta la fecha, han tenido lugar cinco reuniones con autoridades locales, estatales y federales, así como con vecinos y ambientalistas, pero las conversaciones no han logrado detener la construcción. La tensión escaló la semana pasada cuando las imágenes de casi un centenar de policías estatales rodeando el sitio se volvieron virales. Aunque los manifestantes se mantenían en una postura pacífica, la confrontación con las autoridades resultó en la detención de tres de ellos, acusados de traspaso a la propiedad privada y resistencia al arresto. Estos fueron trasladados a Tepic, la capital del estado, a 150 kilómetros de distancia, y liberados un día después.

La ley mexicana establece una franja de 20 metros a lo largo de la playa, conocida como Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que debe ser accesible al público y no puede ser privatizada. López, quien intentó, junto a otros, localizar a los detenidos desde la playa, cuestiona la validez de los cargos presentados. “La resistencia puede haber sido inesperada, pero los cargos de agresión son falsos, pues estaban en una zona federal”.

Dine ha ofrecido a los vecinos un compromiso para modificar el proyecto Montagne, proponiendo ajustar la construcción cinco metros hacia el interior. Sin embargo, esta oferta ha generado más indignación. “La ley no se negocia. Ahora ya no queremos cinco ni 20 metros, sino 40 para que las tortugas puedan desovar”, exige López. La playa es un área importante para la tortuga laúd, que necesita extensas zonas de arena y protección para sus nidos, y los trabajos de Dine han comprometido ese hábitat.

No es la primera vez que los habitantes de Punta de Mita, que cuentan con una población de poco más de 2,500 personas, sienten que se les despoja de su territorio. López recuerda el desplazamiento de los pescadores en los años noventa, cuando muchos fueron arrestados y sus hogares incendiados por negarse a aceptar nuevas viviendas ofrecidas por Dine.

Las obras en playa Las Cocinas habían sido previamente suspendidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por riesgos ambientales, aunque posteriormente se les renació la autorización y los trabajos iniciaron. La Secretaría de Gobernación ha subrayado que garantizar el libre acceso a las playas es un derecho esencial, indicando que será un enfoque central en las decisiones relacionadas con la obra.

A pesar de la controversia, algunos medios han mencionado un permiso de construcción que, según documentos, fue emitido hace décadas por el ayuntamiento local de Bahía de Banderas, cuyo actual mandatario, Héctor Santana, ha desmentido cualquier facultad sobre la zona federal. “No estamos autorizados a conceder permisos; es responsabilidad de Semarnat y Profepa”, aclaró.

Santana ha expresado su interés en mantener el diálogo y la legalidad para abordar el conflicto, recalcando la importancia de actuar conforme a la normativa para evitar futuros abusos. Los defensores de Punta de Mita, al tiempo que insisten en que no desean que la situación se politice, continúan sus protestas ante cualquier intento de privatizar sus playas y recursos. Declaran que esta situación es un problema histórico que trasciende gobiernos y que necesitan proteger su derecho a la tierra y el acceso a las playas.

La situación está enraizada en el complejo entramado de desarrollo y conservación que afecta a muchas comunidades en el país. La lucha de Punta de Mita no solo trata del acceso a la playa, sino de un reclamo más profundo por la defensa de sus derechos y su entorno natural.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.