La sanción que tiene que afrontar España por la falta de depuración de las aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas —en las que viven más de 350.000 personas— sigue aumentando: asciende ya a 53,4 millones de euros. Es la mayor multa de la Unión Europea a la que ha tenido que hacer frente España desde que ingresó en el club comunitario. Continuará creciendo semestre a semestre mientras no se solucionen los problemas de todas estas zonas denunciadas por Bruselas.
En el 2023 están las lista de las depuraciones
Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en julio de 2018 la sentencia por la que se imponía esta multa que crece a razón de algo más de 10 millones por semestre, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó un calendario en el que se fijaba 2023 como el año en el que estarían listas las depuradoras de las nueve aglomeraciones urbanas afectadas.
Pero ahora el horizonte para que todas las obras estén ejecutadas y plenamente operativas es 2024 o 2025, según este departamento. De momento, solo se ha conseguido poner en marcha la estación de la aglomeración de Tarifa (Cádiz), que trata las aguas residuales de 20.000 habitantes. El resto se enfrentan a tramitaciones, ejecuciones y puestas en funcionamiento que se eternizan mientras sigue engordando la multa europea. Se trata de las depuradoras de las aglomeraciones de Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Coín (Málaga), Barbate (Cádiz), Nerja (Málaga), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).
Las aglomeraciones de la Unión Europea
El inicio de esta sanción se remonta hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha en la que todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes de la Unión Europea debían depurar correctamente sus aguas según una directiva. Hace 21 años, el incumplimiento era masivo en España. Poco a poco, aviso tras aviso de la Comisión Europea, el número de aglomeraciones urbanas sin depuración se fue reduciendo. Pero, más de dos décadas después, todavía quedan estos ocho núcleos de más de 15.000 habitantes sin tratar correctamente sus aguas, algo que afecta al buen estado de los ríos y mares donde se realizan los vertidos.
Teodoro Estrela, director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, espera que las depuradoras que darán servicio a dos de las aglomeraciones mayores —la de Gijón Este y Nerja— puedan estar listas en el primer trimestre de 2022. Esto hará que la sanción semestral se reduzca a la mitad, hasta alrededor de los cinco millones, calcula Estrela. Pero, según el responsable del área de Agua del ministerio, para ver en funcionamiento todas las depuradoras hará falta esperar hasta 2024 o 2025, dos años después de lo previsto hasta ahora. El ministerio estima que la multa final por este caso superará los 80 millones de euros.
Las competencias sobre la depuración de aguas son de las administraciones locales
Pero cuando los Ayuntamientos o mancomunidades no pueden afrontar los gastos, las comunidades autónomas suelen asumir las obras. Esto ha ocurrido en cuatro de los ocho casos afectados por esta sanción europea —que están pagando el Estado y las comunidades autónomas afectadas—. Las otras cuatro depuradoras han sido declaradas de interés general, una figura que el actual equipo del ministerio cuestiona ahora.
Porque la puesta en funcionamiento de las depuradoras declaradas así a veces se enfrenta a retrasos por la dificultad a la hora de que recuperar los costes, que acaban teniendo que afrontar unos municipios que alegan que no tienen recursos ni siquiera para el mantenimiento de las instalaciones. En otros casos, existen problemas en la tramitación de unos proyectos que terminan en los tribunales. “La gente no quiere tener una depuradora al lado de su casa y recurre”, pone como ejemplo Estrela. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la UE subrayaba en su sentencia de julio de 2018 que “las dificultades jurídicas y económicas internas que España” invocaba “para justificar su retraso en la ejecución” de las obras “no le eximen de las obligaciones derivadas del derecho de la Unión”.
Amplio incumplimiento
Cuando se consiga que entren en funcionamiento las depuradoras de las ocho aglomeraciones por las que España fue condenada en 2018, no estará ni mucho menos solucionado el problema de la depuración en el paìs. La normativa europea establece que las 2.059 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes de España deben tratar correctamente sus aguas residuales. Pero, según el actual plan nacional de depuración, aprobado el pasado julio, 516 no cumplen con lo que establecen las directivas de aguas, es decir, el 25% del total. Por este motivo, España tiene abiertos cinco expedientes europeos en estos momentos —y en breve podría llegar otro— que también pueden acabar en sanciones millonarias si continúan los incumplimientos.
Estrela explica que los problemas se centran ahora en las aglomeraciones más pequeñas, las que tienen entre 2.000 y 5.000 habitantes y que no cuentan con suficientes recursos para afrontar la construcción de las depuradoras y su mantenimiento. El objetivo es que en 2027, casi cuatro décadas después de aprobarse la directiva europea sobre depuración, España cumpla por fin con lo que establece Bruselas.
El director general de Agua del ministerio considera que los fondos de recuperación europeos pueden suponer una oportunidad para acelerar las obras de depuración. Pero Estrela aboga por un cambio en el modelo que se ha empleado hasta ahora, el de declarar las obras de interés general para que las asuma el Estado aunque no sea algo de su competencia. La nueva vía pasaría por abrir una línea de subvenciones para que sean los municipios los que ejecuten las obras y afronten el mantenimiento de las depuradoras que faltan con esa ayuda pública.
