Hay un acuerdo bastante amplio entre las fuerzas políticas sobre la conveniencia de ceñir la inviolabilidad del Rey exclusivamente a los actos que se produzcan en el ejercicio de su cargo. No solo la izquierda ve excesivo que el blindaje legal del jefe del Estado incluya sus actividades particulares, como ha puesto de manifiesto el escrito de la Fiscalía que descarta actuar contra Juan Carlos I. También Ciudadanos se muestra favorable a limitar ese privilegio, que, sin embargo, defienden PP y Vox. Pero quien podría poner en marcha la reforma, el PSOE, ha decidido aplazarla sin fecha.
Los socialistas, incluido el propio Pedro Sánchez, han expresado en varias ocasiones su opinión de que la interpretación de la inviolabilidad penal de los actos del Rey es excesivamente amplia. Esa prerrogativa, según declaró Sánchez el pasado octubre en la Cadena SER, “es producto de otra época legítima de nuestra democracia, pero no de una etapa democrática consolidada con más de 40 años de historia”.
Los socialistas, sin embargo, no han pasado de las palabras a los hechos. Primero, porque la Casa del Rey tampoco ha hecho ningún movimiento a favor de reformar el marco legal de la Corona. Segundo, porque entienden que para eso sería necesaria una reforma constitucional, inviable sin el PP, que se niega a tocar ni una coma de la Ley Fundamental. Y ahora los socialistas, tras conocer el carpetazo de la Fiscalía al caso de Juan Carlos I, añaden una cuestión de oportunidad. “Estamos en la consolidación económica y en la situación en Europa, los ciudadanos no entenderían que nos ocupásemos de otra cosa”, comentan fuentes del grupo parlamentario del PSOE.
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El PP no se mueve de su postura. Insiste en la necesidad de defender la Constitución frente a los intentos de “socavar sus principios y sus grandes acuerdos”. “La jefatura del Estado, por las funciones que tiene, necesita de una protección especial, tal como lo reflejaron los constituyentes”, argumenta Edurne Uriarte, portavoz popular en la Comisión Constitucional del Congreso. Vox ha mostrado la misma posición por activa y por pasiva. No así Ciudadanos, partidario de “incrementar la transparencia y la igualdad aplicables en general a la Casa del Rey”, y, como parte de eso, limitar la inviolabilidad a sus actos en condición de jefe del Estado. Pero la formación liberal desconfía de cualquier iniciativa del Gobierno en este sentido debido a sus pactos con los nacionalistas.
Unidas Podemos acogería con entusiasmo un paso adelante de su socio de Gobierno, pero este es un asunto al margen de los pactos con el PSOE. Su posición la reiteró este jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En una entrevista en Canal Sur, Díaz señaló que el caso del rey emérito siembra la “percepción de que no todos somos iguales ante la justicia”. Y añadió: “La interpretación de la inviolabilidad del Rey es caduca y no la comparto”.
El PSOE no se ha limitado a aplazar sin fecha la reforma, sino que ha vetado varios intentos de sus socios de izquierda y nacionalistas para impulsarla. Iniciativas en ese sentido de ERC, PNV, EH Bildu o Más País-Compromís, han sido rechazadas en los últimos años, con los socialistas votando en contra junto a la derecha. Los más persistentes han sido Íñigo Errejón y su socio Joan Baldoví. Se pasaron un año entero reiterando su iniciativa, que la Mesa rechazó tramitar alegando que la vía propuesta, una ley ordinaria, requeriría previamente de un cambio constitucional.
Errejón recuerda las palabras de Sánchez al respecto y lamenta: “La idea ha acabado en un cajón y ahora que la atención mediática está en otro asunto, no se vuelve a hablar del tema”. El líder de Más País encuentra “terrible” el escrito de la Fiscalía porque “ofrece muchos indicios de que el Rey, mientras nos daba lecciones de ejemplaridad en Nochebuena, no contribuía al esfuerzo de todos los españoles”. Errejón considera que la Monarquía no puede tener “muros ciegos donde la democracia no llegue” y que es necesario poner en marcha “mecanismos institucionales para que las conductas fraudulentas no vuelvan a ocurrir”.
ERC lo intentó sin éxito hace un año con una propuesta para instar al Gobierno a acometer la reforma. “Que una persona simplemente por su apellido y por su condición tenga ese blindaje legal es tan abusivo, tan absurdo…”, denuncia Gabriel Rufián. “Pedimos acabar con eso ya no como republicanos, que también, sino como demócratas”.
PNV y EH Bildu también lo intentaron en su momento con enmiendas a textos que abordaban la limitación general de los aforamientos. “Y ahora se ha demostrado que inviolabilidad es impunidad”, declara el diputado abertzale Jon Iñarritu. “Nosotros ya estamos en contra de la inviolabilidad en general, pero que además abarque también los actos privados… Es de sentido común, va contra el principio democrático y de igualdad entre las personas”. Con distinto lenguaje, la posición es común entre los nacionalistas. “Nos parece razonable”, conviene Ferran Bel, del PDeCAT, que, “con las garantías procesales necesarias, todas las autoridades respondamos igual ante la ley”.
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