¿Qué se entiende por “principios de año”? Esa pregunta ha marcado en buena parte la política catalana en estos cuatro primeros meses de 2022. El PSC, En Comú Podem y ERC ubicaban en esa referencia temporal indefinida —pero no infinita— la segunda cita de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para abordar las reclamaciones nacionalistas en el postprocés. Con el primer trimestre del año ya liquidado, seguir hablando de principios de año es insostenible. Tras un primer encuentro entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès, en septiembre de 2021 en Barcelona, las sucesivas oleadas de la pandemia impidieron reeditar la cita. Ahora, el nuevo escollo es la atención que el Ejecutivo central debe prestar a la guerra en Ucrania y sus consecuencias sociales y económicas en España.
En ERC comprenden la situación, pero exigen que ese foro bilateral —en el que la Generalitat pide la amnistía de los “represaliados” del procés de 2017 y un referéndum de autodeterminación, y el Gobierno contrapone la llamada agenda del reencuentro— no caiga en el olvido. Mientras tanto, el contacto fluido en otros temas sigue, como en el caso de la aplicación de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas catalanas.
“Es verdad que Ucrania se ha puesto en medio y quizás hace que haya otras prioridades. Pero estoy convencida de que, si no es de aquí a una semana [la reunión de la mesa], será dentro de dos, tres o cuatro”, aseguró la portavoz del PSC, Alícia Romero, en una entrevista a Ràdio 4.
ERC, ya en conflicto abierto con Junts, su socio en el Govern, sigue enviando mensajes en los que reclama un gesto hacia el diálogo. Esto es oxígeno político ante las andanadas del partido del fugado Carles Puigdemont, que no deja de insistir en el fracaso para los intereses independentistas del acercamiento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Oriol Junqueras (ERC) conjuró esas críticas el sábado durante el Consejo Nacional de su partido. “Esparcir la semilla de la derrota no contribuye en nada a la victoria”, dijo.
En el primer trimestre, los republicanos han chocado con tres razones (o excusas, según quien hable) para no reunir la mesa. En diciembre, Sánchez arguyó la necesidad de atender la sexta ola de la pandemia, y, de hecho, pospuso la conferencia de Presidentes convocada en La Palma. Posteriormente, el PSOE presionó para evitar la foto ante las elecciones autonómicas de Castilla y León. ERC lamentó entonces el “partidismo” del jefe del Gobierno. De fondo también pesaba que en las reuniones discretas a las que se comprometieron en septiembre no se cerró ningún acuerdo relevante. Lo único a lo que aferrarse era la promesa del propio Sánchez de que el encuentro se celebraría en algún momento.
Y en esto estalló la guerra. En el Gobierno confirman que el presidente está centrado en mitigar los efectos en la economía. En la dirección de ERC ven a Sánchez con ganas de hacerse un lugar en la política europea. La sensación que cunde es que la reunión se hará de rogar. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, lleva semanas advirtiendo: “Si el compromiso del Estado no es encontrar soluciones en la vía de la negociación, obviamente nos tendremos que replantear el apoyo al Gobierno”.
De momento, ERC cierra filas en el Congreso con las medidas económicas del Ejecutivo. En la dirección republicana aceptan que el momento es grave, con 13.642 personas llegadas de Ucrania solo a Cataluña en menos de un mes. El propio Aragonès, tras mostrarse muy crítico con la Conferencia de Presidentes del 13 de marzo en La Palma, aparcó sus reproches y terminó asistiendo.
Los tres meses de “principios del año” han sido un espacio fértil para que Junts recuerde prácticamente cada día a su socio el incumplimiento del Gobierno en ese compromiso. En las cinco sesiones de control a Aragonès, desde que comenzó el año, el jefe de filas de Junts, Albert Batet, ha utilizado su intervención para recordárselo. Adicionalmente, el proceso para elegir una nueva cúpula del partido, en el congreso de junio, no parece un momento propicio para un cambio de posición hacia ese foro pactado por PSOE y ERC y al que Junts declinó asistir.
Ambos Gobiernos confirman que las conversaciones continúan en la trastienda, aunque no a la velocidad deseada. Así, hay cierta sintonía sobre cómo responder ante la sentencia sobre el 25% de horas lectivas en castellano en la educación catalana. El Gobierno estaba al tanto de la respuesta legislativa que se cocinaba en el Parlament. La Generalitat ha enviado esa propuesta al Tribunal Superior de Cataluña para convencerle de que con ella puede dar por cumplida la sentencia, pero este aún no ha respondido.
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