La Ciudad de México, con sus imponentes edificaciones y rica historia, enfrenta hoy una crisis visible a simple vista. A lo largo de 80 años, sus habitantes han sido testigos de un deterioro alarmante en la infraestructura urbana. Las calles, banquetas, parques y fuentes están en un estado de abandono tal que muchos ciudadanos se sienten frustrados al compararlas con otras ciudades del país, como Guadalajara, León, Querétaro, San Miguel de Allende y Mérida, que se presentan limpias y ordenadas.
La queja es recurrente: el aumento del ambulantaje y el desorden han crecido exponencialmente, y las soluciones han sido temporales. A pesar de la avanzada antigüedad de las calles y la falta de fondos para acometer reparaciones adecuadas, hace años se implementaron programas que, aunque solo ofrecerían soluciones parciales, al menos respondían a la demanda de los ciudadanos. Actualmente, el panorama es desalentador, con un fracaso evidente en la atención a las necesidades de los habitantes.
Durante el gobierno de López Obrador, la disminución drástica de recursos destinados a servicios urbanos para la construcción del nuevo segundo piso y la implementación de programas sociales ha tenido consecuencias devastadoras. No es inusual escuchar que las carreteras del país están deterioradas, lo que se agrava por la falta de inversión en infraestructura. Una reciente experiencia en la carretera libre a Temascaltepec reveló un panorama desolador, similar a un área bombardeada, hasta que la presidenta municipal tomó la decisión de visitarla.
El fondo del problema radica, indudablemente, en la insuficiencia de recursos destinados a la infraestructura, sistemas de agua y drenaje. Mientras los ciudadanos siguen lidiando con baches y fugas, las voces proponen soluciones que, aunque impopulares, podrían revertir la situación. Una opción parece ser la gradual eliminación de subsidios al transporte y al agua, que han cobrado sentido cuando los salarios se mantenían congelados. Ahora que se han incrementado, una revisión más exhaustiva se hace necesaria.
También se sugieren ajustes en el predial, actualmente bajo de comparación con otras ciudades latinoamericanas. Con un 0.4% de PIB en contraste con el 1.5% que corresponde a este impuesto en otras urbes, podría haber un margen de mejora significativo.
Adicionalmente, se plantea la necesidad de revisar la distribución de las participaciones fiscales, donde la ciudad recibe actualmente solo la mitad de lo que le corresponde. Este fenómeno no solo afecta a la infraestructura, sino que pone en riesgo la calidad de vida de sus habitantes. La Ciudad de México, que fue un modelo a seguir en cuanto a calidad de vida y desarrollo urbano, se encuentra ahora sumida en dificultades evidentes, especialmente por las lluvias y las inundaciones que han recrudecido la crisis.
La urgencia de actuar es inminente. La falta de reacción ante esta problemática sugiere que la ciudad podría continuar en un ciclo vicioso de deterioro, a menos que se tomen decisiones difíciles y se pongan en marcha políticas que regresen a la Ciudad de México a ser el referente que alguna vez fue.
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