La proposición de ley sobre el uso de las lenguas cooficiales en las escuelas de Cataluña ha logrado un inusual consenso a cuatro entre Junts, ERC, el PSC y En Comú Podem, lo que representa al 80% del parlamento autonómico. Pero su contenido está lejos de generar unanimidad en el ámbito académico. La controversia se centra en el artículo 2 de la ley, un precepto que garantiza que el castellano sea lengua de “uso curricular y educativo”. La delimitación del alcance del concepto “curricular” desencadenó este miércoles una tormenta de declaraciones contrapuestas en el Parlament. Mientras los partidos independentistas se vanagloriaban de haber dejado el castellano fuera de la categoría de lengua “vehicular” ―como sí es el catalán―, el PSC sostenía de que curricular y vehicular son en la práctica lo mismo.
La disparidad de opiniones se traslada a académicos, lingüistas y activistas. “El mensaje que se quiere dar, sin darlo, es que el castellano es admisible como lengua para impartir contenidos”, sostiene Albert Branchadell, filólogo y decano de la facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autónoma (UAB). “Es difícil interpretar el término curricular en un sentido que no esté relacionado con las materias que constituyen el currículum académico”, indica, y afirma que la necesidad de cerrar un pacto político in extremis incita el uso de “un lenguaje deliberadamente rebuscado para no trasladar exactamente a la ley aquello que pide el tribunal”. El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) ha establecido ―al igual que reiteradamente el Supremo y el Constitucional―que el castellano debe ser “vehicular”, y ha fijado en un mínimo del 25% las materias a impartir en esa lengua.
A la literalidad de la sentencia apela Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad que forzó la ejecución de esa resolución judicial. “La proposición de ley no aporta nada nuevo ni saca al castellano de su condición de lengua secundaria”, considera. “La Lengua Castellana ya era curricular, igual que lo es la Gimnasia o la Historia. Una lengua vehicular, en cambio, es aquella en la que se estudian los contenidos, y esos contenidos tienen que ser troncales”, razona.
“Curricular equivale a vehicular, esto es clarísimo, pese a que hayan querido hacerlo de manera cosmética”, opina, por el contrario, Gerard Furest, filólogo, profesor y autor del libro “Decàleg irreverent per a la defensa del català”. Entiende que la nueva norma busca “cumplir la sentencia del 25%”, y critica que los partidos impulsores del acuerdo sostengan que el proyecto de ley es fruto de un consenso transversal. “Por mucho que lo repitan, no han contado con la comunidad educativa”, dice. Una crítica parecida lanza la Plataforma per la Llengua. La entidad partidaria de una escuela únicamente en catalán, que cuenta con 26.000 socios, trató de introducir una enmienda al texto legal. Sin éxito, porque solo era posible hacerlo a través de los partidos con representación en el Parlament, y ninguno patrocinó la propuesta. Para Òscar Escuder, presidente de Plataforma per la Llengua, “la introducción del castellano como lengua curricular es un riesgo, porque una interpretación extensiva podría dar lugar a la obligación de impartir el 50% de clases en castellano”. Distinto posicionamiento mostró Òmnium, entidad que también se presenta como garante del catalán. Celebra que el castellano se quede en lengua “curricular” y que el carácter de “vehicular” siga siendo exclusivo para el catalán. La lingüista Carme Junyent trata de zanjar el debate sentenciando que “curricular y vehicular son conceptos polisémicos, pueden querer decir muchas cosas”. Y añade: “Lo interesante sería que la propia ley los definiera”.
El texto del proyecto de ley, pendiente de votación en el Parlament, no atiende la resolución del Tribunal que ordenó que, a partir de la semana próxima, al menos un 25% de las horas lectivas (una materia troncal, además de Lengua Castellana) se impartan en castellano en todos los centros educativos de la comunidad autónoma. Los cuatro partidos, en un pacto que trasciende al bloque independentista, defienden que la proporción de las lenguas se fije a la carta para cada centro, según un plan lingüístico que tendrá en cuenta la realidad sociolingüística de cada centro y que ha de ser avalado por la Generalitat.
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