La Organización de Estados Americanos (OEA), en sesión extraordinaria, respaldó al presidente de Perú, Pedro Castillo, quien solicitó a la entidad internacional activar la Carta Democrática, amparándose en el artículo 17 y 18, que hace referencia al “fortalecimiento y preservación de la institucionalidad”, en medio de presiones de la oposición por destituirlo del poder.
Por tal motivo, la OEA enviará una misión para realizar un análisis “objetivo” frente a la situación de crisis política del país sudamericano, sin embargo, no detalló cuándo se enviará el grupo de trabajo, que tiene como objeto “promover el diálogo” y fortalecer el “sistema democrático” de Perú, de acuerdo con el documento aprobado.
El respaldo fue aprobado por aclamación de una resolución que hace un llamado a todos los actores políticos de Perú para que sus acciones se “enmarquen en el respeto al estado de derecho”, en reconocimiento de la Carta Democrática solicitada por el mandatario izquierdista.
La Cancillería peruana aseguró que el grupo de alto nivel que la OEA acordó enviar a Perú para analizar su situación política “permitirá superar la grave crisis” por la que atraviesa el país.
“El grupo de alto nivel coadyuvará a favorecer el diálogo entre las autoridades peruanas y las fuerzas políticas y sociales, que permitirá superar la grave crisis que atravesamos”, escribió en Twitter el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería agregó que la Carta Democrática Interamericana es “el principal instrumento multilateral a nivel regional en materia de preservación y defensa de la democracia, que prevé mecanismos para promoverla y consolidarla, con pleno respeto al estado de derecho”.
Perú atraviesa una aguda crisis política en la que Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un mandato de cinco años, enfrentó dos intentos de destitución en el Congreso -dominado por la oposición- y fue sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.
Esta semana la Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder.
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