El derecho de las mujeres a abortar dio este jueves un nuevo paso atrás en Estados Unidos. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó la nueva ley que lo prohíbe a partir de las 15 semanas de embarazo -frente a las 24 semanas del límite actual- y no contempla excepciones para aquellas que hayan quedado encinta a causa de una violación, incesto o tráfico de personas. Con la nueva norma, que entrará en vigor el 1 de julio, este importante Estado, el tercero más poblado del país, se suma a la ola de regulaciones antiabortistas de los territorios conservadores.
Las únicas exenciones admitidas por la legislación consisten en que la vida de la madre corra peligro o graves daños, o que el feto presente una malformación mortal. En ambos casos, son dos los médicos que deben certificar esta circunstancia. “Esta va a significar la mayor protección a la vida que ha sido aprobada por este Estado en una generación” afirmó tras la firma el gobernador DeSantis, una estrella ascendente del Partido Republicano que ha centrado en una idea de “libertad” su doctrina política y ha llegado a declarar Florida el Estado “más libre” de EE UU.
El Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial del país y árbitro de buena parte de las disputas que han modelado a la sociedad, estableció en 1973 que las mujeres tenían derecho a abortar -en un plazo de 22 a 24 semanas- en 1973 a raíz del histórico caso Roe contra Wade. Desde entonces, los Estados conservadores han intentado revertir este principio a través de sus propias legislaciones, que se daban de bruces ante la justicia.
En los últimos años, sin embargo, la ofensiva se ha redoblado. Texas ha impulsado una legislación que lo prohíbe a partir de las seis semanas (cuando se considera que se puede oír un latido de corazón), Oklahoma acaba de firmar una que lo convierte en delito en todos los casos, sqalvo emergencia sanitaria. También Alabama, Iowa o Arizona han establecido nuevas limitaciones a la libertad reproductiva.
Pero ha sido Misisipi, con su prohibición a partir de las 15 semanas, el que la logrado llevar el fondo del asunto ante el Supremo. Medio siglo después está a punto de pronunciarse sobre un derecho que parecía garantizado. La supermayoría conservadora que alcanzó este órgano durante la presidencia de Donald Trump – de seis jueces frente a los tres considerados liberales- y las intervenciones de los magistrados durante la exposición oral de los argumentos el pasado 1 de diciembre indicaron que el territorio sureño llevaba las de ganar.
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