El estreno de Las mentiras de la semana, el espacio dedicado por Andrés Manuel López Obrador para señalar y exponer noticias y periodistas, ha provocado la salida en tromba de organizaciones internacionales y asociaciones civiles mexicanas advirtiendo de los peligros para la libertad de prensa, la pluralidad mediática y un debate público crítico e informado. Una nueva ofensiva del presidente en su estrategia de confrontación y búsqueda de enemigos que, al tratarse esta vez de la prensa, ha despertado también las alarmas por una derivada aún más sensible: la seguridad de los periodistas. Los defensores de derechos humanos alertan de las posibles consecuencias que estos “discursos estigmatizantes” puedan provocar en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
El miércoles pasado, 30 de junio, arrancó oficialmente el espacio enmarcado en las conferencias matutinas desde el Palacio Nacional. López Obrador justificó la iniciativa como una respuesta a las noticias que considera falsas, poco contrastadas o que están “hechas de mala fe”. Y amplió las explicaciones a su terreno favorito, el de la batalla puramente política, acusando a diversos medios de estar bajo las presiones de poderes económicos, comparando su quehacer con los tiempos de Hitler, Pinochet y el militar mexicano Huerta.
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Por la pasarela de Las mentiras de la semana, una sección conducida por la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, pasaron desde The New York Times, columnistas nacionales o Columna Digital. Como colofón, el espacio se cerró en tono de burla con la entrega de un premio, el Pinocho de la semana, a un periodista sobre el que se sucedieron los ataques individualizados.
Más de 20 organizaciones nacionales e internacionales publicaron la semana pasada un comunicado conjunto solicitando abrir vías de comunicación con el Gobierno. Auspiciados por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones civiles propusieron establecer mesas de diálogo con el Gobierno mexicano. La relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, subrayó la importancia de evitar la lógica bélica y brindó la asistencia de su organización para incorporar estándares internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión en el marco de las conferencias matutinas con el objetivo de prevenir “la reproducción de discursos estigmatizantes”.
Las conclusiones de las 20 organizaciones quedaron selladas por el relator especial para la libertad de expresión del CIDH, Pedro Vaca, quien pidió al Gobierno reconsiderar el espacio ante el riesgo de que esté “afectado a las garantías para un debate informado y libre del señalamiento público”. El debate, añadió, “no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia”.
