Les ha costado reconocerlo, pero las autoridades mexicanas ya hablan abiertamente de la presencia cada vez mayor del crimen organizado en Quintana Roo. El corazón del caribe mexicano acumula desde el año pasado una ristra de sucesos con la marca del narcotráfico: asesinatos a quemarropa, balaceras, cadáveres expuestos en la calle a modo de mensaje.
Solo en Playa del Carmen, un pueblo pesquero convertido en ciudad-resort, van dos asesinatos con el mismo patrón en una semana. Destino de gran cantidad de turistas estadounidenses, las alarmas han saltado también para las autoridades de EE UU. El FBI ya ha tomado cartas en el asunto, según ha reconocido este viernes AMLO, que ha pedido transparencia al embajador Ken Salazar.
El viernes pasado, dos turistas canadienses, fueron asesinados en un tiroteo en el hotel Xcaret, el famoso parque temático de la Rivera Maya mexicana, a la salida de Playa del Carmen. Cinco días después, este miércoles, el gerente de otro local, el Mamitas Beach Club, a menos de 15 minutos en coche, apareció en el baño del establecimiento con dos balazos en la cabeza. El fiscal del Estado, Oscar Montes de Oca, ha reconocido que se trata de hechos relacionados con el tráfico de drogas.
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Los dos sucesos, que se añaden de una larga lista de crímenes durante el último año, han precipitado la intervención del FBI en la joya turística mexicana, con más de 12 millones de visitantes al año, siendo estadounidenses casi la mitad del total.
El mensaje del presidente mexicano se enmarca en el nuevo estatus de las agencias estadounidenses en el vecino del sur. En diciembre de 2020, poco antes de que tomara posesión Joe Biden, López Obrador reformó a toda velocidad la ley de seguridad nacional para poner coto a la actuación de los agentes extranjeros dentro de sus fronteras.
El movimiento tenía un destinatario claro: Estados Unidos y sus agencias policiales y de inteligencia que llevaban operando a sus anchas por todo el territorio mexicano desde hace más de una década y que han colaborado para detener y extraditar a decenas de criminales, algunos de la talla de El Chapo.
La espita que provocó el giro fue el bochorno nacional por la detención del general Salvador Cienfuegos. El jefe de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) fue capturado y acusado por las autoridades estadounidenses de estar al servicio de un cartel sin informar a ninguna autoridad mexicana de tal investigación. Con la reforma de la ley, México pretende marcar un control férreo sobre agencias como la DEA, el FBI o cualquier dependencia extranjera encargada de labores policiales dentro de México.
La alerta del Departamento de Estado
La crecida de la violencia en Quintana Roo ha llevado también a elevar los mensajes de alerta de las autoridades estadounidenses a sus ciudadanos con vistas a viajar al caribe mexicano. “La actividad criminal y la violencia pueden ocurrir en todo el estado, incluidas las zonas frecuentadas por turistas estadounidenses”, reza el aviso del Departamento de Estado. El consulado de EE UU en Mérida, la capital del Estado contiguo de Yucatán, volvió a subrayar esta semana la alerta de seguridad “a la luz de los recientes sucesos y la actividad de crimen organizado en varios destinos turísticos”.
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