Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló el jueves que China pudo cometer crímenes contra la humanidad sobre minorías étnicas, entre ellas uigures y musulmanes, al aplicar políticas que implican la detención arbitraria masiva y otros abusos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, difundió –minutos antes de la medianoche, cuando terminó su mandato– el informe que acusó al gigante asiático por ocasionar la privación de la libertad a gran escala de minorías étnicas, al menos entre 2017 y 2019, basándose en su legislación antiterrorista.
Desde entonces el patrón parece haber variado y los centros de internamiento –denominados por el gobierno “centros de educación vocacional”– se han reducido en tamaño y número, pero las detenciones siguen ocurriendo mediante procesos penales que dan lugar al encarcelamiento sobre todo de uigures.
Para ello, el gobierno chino sigue utilizando el mismo argumento: la lucha contra el terrorismo y el extremismo, con el que desde hace décadas la política oficial identifica a las minorías musulmanas asentadas en Xinjiang, una de las cinco regiones autónomas de China, de gran extensión territorial y que es su acceso a Asia central.
Violaciones a derechos humanos
La Alta Comisaría para los Derechos Humanos sostiene que considera creíbles las denuncias de que en los centros de internamiento se practicaban torturas, que en algunos casos incluían tratamientos médicos forzados, aunque reconoce que no puede sacar conclusiones definitivas sobre la amplitud de estos abusos.
La actitud del gobierno central hacia los uigures se ha fundamentado en su percepción de que son una amenaza, lo que ha llevado a que se les restrinjan sus libertades y derechos. Entre ellos el derecho a la libertad de religión, de expresión, de movimiento y a la privacidad.
“Hay graves indicios de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación forzada de programas de planificación familiar y de control de nacimientos”, señala el informe.
Las políticas de Pekín contra ésta y otras minorías –como los kazajos– también incluye la separación de familias y la interrupción de los contactos con otras personas.
ONU recabó testimonios directos
Pese a las dificultades y a que China no autorizó a los expertos de derechos humanos de la ONU para visitar la región y recabar información directamente, la oficina de Bachelet pudo entrevistar a personas que estuvieron detenidas en los centros de internamiento, quienes explican que su calvario empezó con una detención inicial en una comisaría.
Allí muchos contaron haber sido interrogados antes de ser enviados a los centros de internamiento, sin haber tenido acceso a una defensa legal o modo de oponerse a su traslado.
“Ninguno de los entrevistados dijo que pudo salir de las instalaciones o visitar su hogar”, con tiempos de confinamiento que variaban de dos hasta 18 meses. En ningún caso se les informó cuanto tiempo permanecerían en esos lugares, que eran vigilados por personal armado.
Todos fueron advertidos que una vez fuera debían hablar bien del centro y abstenerse de dar información sobre su naturaleza real.
Esta situación fue posible gracias a que la legislación antiterrorista china es vaga y sus conceptos muy amplios, lo que permite a los funcionarios interpretarla a su discreción, según el informe.
Un millón de personas internadas en campos de detención
En esta investigación, la ONU no ofrece cifras concretas del número de personas que llegaron a estar en estos campos, donde en los últimos años se ha afirmado que un millón de personas llegaron a estar internadas.
No obstante el análisis de distintas fuentes de información –incluyendo de tipo oficial– le permite calcular que entre el 10 y el 20 por ciento de la población adulta perteneciente a una minoría étnica residente en varias comarcas y pueblos de Xinjiang pudo estar detenida entre 2017 y 2018.
Las razones para correr tal suerte eran tan amplias como absurdas: tener demasiados hijos, haber nacido en ciertos años, haber estado en la cárcel, usar velo o tener barba, haber pedido un pasaporte y no haber salido del país, haber viajado al extranjero o haberse descargado la aplicación de mensajería Whatsapp.
Xinjiang ha sido durante décadas una región china de clara mayoría musulmana aunque el equilibrio demográfico se ha modificado en los últimos tiempos con incentivos dados a chinos de la etnia han (mayoritaria) para que se trasladen a vivir allí.
Según un informe de 2021 de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, el 21 por ciento de arrestos registrados en toda China ocurrían en Xinjiang, a pesar de tener menos del 2 por ciento de la población nacional.
Como corolario, la Oficina de Bachelet pide que se libere a todos los detenidos arbitrariamente en Xinjiang, que se esclarezca el paradero de aquellos que son buscados por sus familias, que se revise la legislación contra el terrorismo en su integridad y que se investiguen los casos de destrucción de mezquitas y cementerios musulmanes.
Bachelet lamenta presiones políticas sobre investigación
“Dije que publicaría el informe antes de que acabara mi mandato, y lo he hecho”, destacó en un comunicado la también expresidenta chilena, quien afirmó que la politización de estas graves cuestiones de derechos humanos por determinados Estados no ayudó.
“Provocaron que la tarea fuera más difícil”, subrayó Bachelet, quien también señaló que esas presiones afectaron a la posibilidad de que el informe pueda tener un impacto real.
Bachelet no quiso citar qué gobiernos concretos han presionado, aunque la semana pasada, en su última rueda de prensa al frente de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, reconoció que algunos Estados miembros de Naciones Unidas le habían pedido que el informe no viera la luz.
Bachelet llamó a la comunidad internacional a no utilizar cuestiones reales y graves de derechos humanos con fines políticos.
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