Cancún.-En la otra cara de Cancún, lejos de la opulencia turística, en las regiones y suburbios, viven 250 mil habitantes en asentamientos humanos irregulares, muchos de ellos empleados de la industria hotelera y gastronómica de este polo turístico.
Se trata de zonas de invasiones, donde no existe una vivienda digna, faltos de agua, drenaje, calles pavimentadas, banquetas y algunos sin energía eléctrica y seguridad pública. Se trata de miles de cancunenses, muchos de ellos trabajan en la opulencia y viven en la miseria.
De acuerdo con un estudio para el rescate de estas zonas irregulares presentado por el regidor de cancunense, Samuel Mollinedo Portilla, denominado “Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial” existen en esta ciudad 213 asentamientos humanos irregulares, que revela que tres de cada 10 cancunenses vive en pobreza.
La iniciativa de Samuel Mollinedo va en el sentido de rescatar al otro Cancún, el de la periferia, que crece diariamente ante el fenómeno migratorio que tiene el destino para atraer mano de obra y familias en busca de una mejor calidad de vida.
Esta propuesta dijo, es para sentar las bases para un mejor Cancún, un proyecto que busca tener un Cancún Inclusivo, con las mismas oportunidades de calidad de vida, para aquellos asentamientos humanos irregulares que llevan más de 30 años buscando como poder regularizarse, no así para aquellos que fueron creados a la postre de la actual legislación estatal y que fueron clausurados por la administración pasada por caer en conductas ilegales.
Ante la ola de inseguridad y violencia que se vive, estas zonas irregulares son usada para tirar cuerpos ejecutados del crimen organizado, por lo señaló que es prioritario voltear a resolver esta problemática con acciones que reduzcan y frenen el incremento de este fenómeno y por otro lado hacer acciones que se traduzcan en regularizar lo antiguo que ha sido olvidado.
Las acciones de rescate, expuso, ayudarán también a reducir la contaminación ambiental y del manto freático, así como mejorar la calidad del agua.
En el 2011 existían 67 asentamientos irregulares, hoy crecieron a 213 y en el 2020 de acuerdo con datos del INEGI en el 2020, Benito Juárez contaba ya con una población de 911,503 habitantes.
En estos se estima que habitan aproximadamente 250 mil personas, es decir casi el 30% de la población de Cancún, o sea 3 tres de cada 10 diez personas que viven en Benito Juárez, carecen de alguna de las siguientes necesidades básicas: infraestructura pública (como drenaje, agua, alumbrado público, calles pavimentadas, banquetas etc.), certeza jurídica de los posesionarios en la tenencia de la tierra, o bien que carecen de recursos para poder escriturar sus hogares y que conlleva a la contaminación del medio ambiente.
La propuesta indica que las políticas públicas a nivel municipal son escasas, la carga de esta problemática recae principalmente en la federación y en las entidades federativas, sin embargo, la ley en la materia es de orden general, es decir, es aplicable para los tres niveles de gobierno, la problemática versa en la falta de interés de resolver este problema tan severo que ha ido acrecentándose en el municipio y que necesita urgentemente dejar bases sólidas para que las siguientes administraciones puedan afrontar esta problemática que genera a su vez otros problemas y consecuencias sociales de prioridad atención como la violencia, fraudes, despojos, y otras conductas ilegales que vulneran los derechos humanos y las garantías constitucionales de las y los ciudadanos de Benito Juárez.
El proyecto señala que los trabajos que se han realizado y los estudios que generan esta problemática, como los antecedentes históricos del crecimiento urbano de Benito Juárez, los datos duros y las acciones a realizar como convenios de estímulos fiscales con el Gobierno del Estado, convenios con notarios y otros gremios colegiados para lograr la suma de voluntades para poder lograr la certidumbre jurídica de la tenencia de la tierra y poder gestionar escrituración o titulación a los habitantes de estas zonas, así como incrementar el patrimonio municipal para tener la certeza a la hora de invertir recursos públicos en estas colonias.
Para ello apunta, están vertidos en la iniciativa, el Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial, que es el estudio de la problemática del fenómeno ocasionado por el incremento desordenado de asentamientos humanos mismos que han ido creciendo de forma irregular para hacerse de una vivienda o patrimonio, los cuales no cuentan con infraestructura básica como agua, drenaje, alumbrado público, pavimentación de calles entre otros.
El programa contiene las bases de una solución a la certidumbre jurídica de la tenencia de la tierra, con el objetivo de gestionar escrituración y titulación a las personas que carecen de lo más valioso que tiene una familia, el patrimonio; y poder programar paulatinamente la dotación de infraestructura pública básica a las colonias que no cuentan con ella y cuidar que la contaminación de estos sentamientos no llegue a cenotes, el mar y sistemas lagunares.
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