Durante un periodo reciente de agitación internacional, el Congreso de la Unión de México ha convocado sesiones extraordinarias para validar modificaciones al marco normativo del país. Estas modificaciones, calificada a menudo como “ley censura”, levantarán preocupaciones sobre el avance del control y la intimidación de la ciudadanía, ignorando las propuestas ciudadanas que buscan una auténtica representación.
En este contexto, es alarmante observar que los procesos legislativos han caído bajo la influencia del oficialismo, abrumados por la aprobación de iniciativas carentes de análisis técnico, lo que ha resultado en normativas repletas de inconsistencias y contradicciones. Un ejemplo significativo de esto es la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como “ley antilavado”. Esta iniciativa, que se busca acelerar, tiene como objetivo ampliar la lista de entidades consideradas vulnerables y otorgar a Hacienda la facultad de acceder a información personal de los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial, además de permitir a la Guardia Nacional investigar delitos financieros sin la supervisión adecuada del Ministerio Público.
A pesar de que la iniciativa inicial no incluía menciones sobre mediadores o profesionales relacionados con mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), el reciente dictamen aprobado en el Senado ha incorporado estas figuras, tratándolas como fedatarios públicos en contextos inapropiados.
La necesidad de fortalecer la mediación y otros MASC se ha reiterado con el fin de aliviar la carga del sistema judicial, que enfrenta el riesgo de colapso debido a la rotación constante de jueces y personal especializado. La consolidación de estas alternativas podría desjudicializar el acceso a la justicia, aliviando la presión sobre los servicios jurisdiccionales.
Sin embargo, el nuevo marco propuesto plantea serias dudas sobre su aplicación. La modificación propuesta implicaría un riesgo de abuso al ampliar las obligaciones de reporte a las personas facilitadoras en actividades que, en su esencia, son propias de los notarios públicos. La falta de claridad sobre las funciones de mediadores y otros profesionales de MASC sugiere un desconocimiento del funcionamiento real de estas profesiones.
En un clima donde la protección de los derechos ciudadanos es esencial, resulta crucial revisar y corregir las disposiciones que, en lugar de facilitar el acceso a la justicia y resolver conflictos, podrían generar más obstáculos y abusos de poder. La creciente complejidad legislativa en cuestiones de justicia debe ser abordada con seriedad y rigor, preservando el equilibrio y la equidad en cualquier modificación futura a las leyes. Es fundamental que los involucrados en la mediación y los MASC se mantengan vigilantes y proactivos para asegurar su lugar adecuado en el sistema legal.
El debate sobre el futuro de la legislación en México continúa siendo un tema de vital importancia, y es imperativo que se priorice el bienestar de los ciudadanos y la transparencia legislativa en estos tiempos de gran incertidumbre.
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