La comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea que pedía la destitución del presidente de Ecuador a raíz de la investigación de los Papeles de Pandora está cada vez más sola. Oficialistas y opositores han desactivado la tensión política que conducía al Gobierno a un nuevo órdago con el Congreso. El informe abría la puerta a la censura de Guillermo Lasso y debía votarse inminentemente en el pleno de la Asamblea, pero han pasado los días y aún no hay fecha para que el tema entre en agenda. Será, como muy pronto, la próxima semana.
La comisión, de mayoría opositora con tres legisladores correístas y cuatro de Pachakutik, sostiene en su informe que el presidente había incurrido en la prohibición aprobada por consulta popular de que cualquier funcionario público sea propietario de forma directa o indirecta de bienes o capitales en paraísos fiscales.
Lasso recurrió hasta a 14 sociedades financieras opacas en Panamá y Estados Unidos, según se recoge en los Papeles de Pandora, una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participó Columna Digital. El mandatario ha respondido en reiteradas ocasiones que se deshizo de las compañías antes de lanzarse a las elecciones y que ha pagado más de 500 millones de dólares en impuestos en Ecuador entre él y el Banco de Guayaquil, del que es accionista mayoritario.
La polémica por los Papeles de Pandora ha puesto contra las cuerdas al presidente ecuatoriano durante semanas por la arremetida de la oposición, encabezada por el exmandatario Rafael Correa. Desde las redes sociales, han lanzado una campaña de desgaste que, sin embargo, no ha cristalizado con contundencia en la investigación legislativa.
El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, aupado por los tres escaños correístas y dos de los representantes del movimiento indígena, ha sido ninguneado por el Partido Social Cristiano. Un comunicado de su líder histórico, Jaime Nebot, desinfló el impacto de la maniobra legislativa arguyendo precisamente que “discrepar no es conspirar”. Nebot apoyó a Lasso en la carrera presidencial pero se divorciaron políticamente nada más empezar, precisamente por discrepancias sobre cómo formar mayorías en la Asamblea. Pese a las desavenencias, la postura del líder socialcristiano dio paso a que otros bloques de oposición se desmarcaran del informe que proponía la salida de Lasso.
“Se refiere en varias partes a un supuesto caso de conmoción interna y esa causal no es aplicable a este caso, a tenor de dos dictámenes de la Corte Constitucional”, razonaba Nebot en su pronunciamiento, donde ratificaba que seguiría rebatiendo “calumnias, insultos y disparates”, pero que jamás apoyaría iniciativas que puedan “atentar contra el Estado de Derecho”.
A falta de que el asunto entre en agenda para ir a votación al Pleno, los pronunciamientos de Izquierda Democrática y la postura dividida de Pachakutik desvirtúan la posibilidad de llevar al presidente Guillermo Lasso a la destitución. Pero incluso, si hay avances en esa ruta, el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la opción de muerte cruzada que disolvería la Asamblea y le permitiría gobernar sin Congreso mientras convoca nuevas elecciones.
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