No habrá chapuzones en burkini en las piscinas municipales de Grenoble la semana que viene. Un tribunal administrativo ha frenado la autorización de la alcaldía de esta ciudad, considerada el laboratorio de la izquierda francesa, para permitir la controvertida prenda de baño en estos espacios públicos a partir del 1 de junio. Aun así, y pese a que no es una polémica nueva, el burkini ya ha salpicado todo el debate político nacional. A solo dos semanas de las elecciones legislativas, se ha convertido en una prenda más que incómoda para muchos políticos de un país donde la defensa de la laicidad es una frecuente arma arrojadiza.
La polémica estaba servida desde que, el 16 de mayo, la alcaldía de Grenoble, en manos de una mayoría de izquierdas encabezada por el ecologista Éric Piolle, aprobó por una ajustada mayoría (29 votos a favor frente a 27 en contra) el nuevo reglamento de las piscinas de la ciudad que abría la puerta al uso del burkini. De inmediato, la prefectura de Isère anunció que acudiría a la justicia por orden del ministro del Interior, Gérald Darmanin, al considerar que la normativa tiene el “objetivo manifiesto de ceder a reivindicaciones comunitaristas”, como se llama en Francia en general a quienes buscan promover la división de los franceses en comunidades étnicas o religiosas y, en particular, a integristas musulmanes.
Piolle rechaza las acusaciones. Recuerda que, en el mismo cambio de normas que permite el burkini, se autoriza también hacer topless en las piscinas. Y afirma que permitir el burkini es un combate “feminista”, de “sanidad” (porque la nueva norma limita estas prendas a las confeccionadas con material de baño) y de “laicidad”, puesto que la ley no prohíbe el uso de ropa religiosa en el espacio público, y eso incluye a las piscinas, subraya.
El fondo —o la trampa— está, según los jueces, en la formulación de la norma. En general, y esto es a lo que se han aferrado hasta ahora la mayoría de las municipalidades francesas para prohibir el burkini, las reglas sanitarias galas prohíben el uso de ropa no ajustada al cuerpo en las piscinas públicas. Es decir, que no se permite un burkini, pero tampoco los bañadores de hombre tipo bermudas o, siquiera, un bañador con volantes. El cambio de las reglas en Grenoble permite usar prendas “no ajustadas al cuerpo” siempre y cuando su longitud “no sobrepase la mitad del muslo”. Y esa precisión, considera el tribunal, tiene un “fin religioso”, permitir el burka, que contraviene el principio de neutralidad del servicio público.
Solo una ciudad francesa acepta el burkini en las piscinas públicas: la bretona Rennes. Pero la normativa se cambió en 2018 no para permitir el burkini, sino para acabar con la prohibición del uso de bermudas —rendidas las autoridades ante su extendido uso— y regular la vestimenta para prácticas de buceo en piscina, dijo a Le Monde la alcaldesa de la ciudad, la socialista Nathalie Appéré, que aprobó los cambios con apoyo de concejales macronistas y que rechaza cualquier “intento de instrumentalización” de su normativa por parte de Piolle.
Mientras el ministro Darmanin celebraba como una “excelente noticia” la decisión, el alcalde Piolle anunciaba que la recurriría ante el Consejo de Estado, la mayor autoridad administrativa del país y que, en la década pasada, revocó varios decretos locales que prohibían el burkini en las playas de diversos puntos del país.
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Datos basados en información reportada originalmente por elpais.com.
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