La Policía de Nicaragua ha entrado este miércoles a la vivienda de la candidata opositora a la presidencia Cristiana María Chamorro Barrios, un día después de bloquear su postulación a las elecciones de noviembre. El régimen sandinista recurrió el martes a una acusación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero para torpedear la participación política de la aspirante opositora que más simpatías genera entre la población, según las encuestas.
El equipo de prensa de Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó Columna Digital entre 1990 y 1997, confirmó a la agencia EFE que agentes policiales ingresaron a la vivienda de la aspirante presidencial, ubicada al sur de Managua. “La Policía está entrando violentamente a la casa de Cristiana Chamorro”, dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, en un audio.
Carlos Chamorro, hermano de la candidata y director del medio Confidencial –también atacado por el régimen en las últimas semanas– denunció el “allanamiento ilegal” de la vivienda de su hermana en su cuenta de Twitter.
El Ministerio Público de Nicaragua acusó el martes a Chamorro Barrios por varios delitos y solicitó que la inhabilitaran para cargos públicos “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”. El caso de lavado de dinero contra Chamorro es por su condición de exdirectora de la Fundación Violeta, organización no gubernamental que en febrero pasado cerró operaciones para no verse sometida a la ley de Agentes Extranjeros promulgada por el régimen, una normativa que criminaliza las donaciones y la financiación de medios de comunicación. La Fundación Violeta era un referente de la defensa y la promoción de la libertad de prensa en Nicaragua, un país donde ese derecho fundamental es atacado sistemáticamente desde el Gobierno.
Según el régimen de Ortega, “la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros periodo 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.
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