En su escrito, además, los presuntos empleados sostienen que la dirección tiene constancia de que “al menos tres de los menores del centro” han ejercido la prostitución tanto dentro del centro con otros menores como fuera del mismo con personas ajenas al centro, las cuales, “supuestamente”, son mayores de edad.
Las denuncias no se quedan aquí. En el escrito, se detallan también “agresiones físicas y maltrato continuado” por parte de algunos trabajadores, deficiencias en la atención sanitaria o malas condiciones de habitabilidad e higiene en las instalaciones.
Los supuestos trabajadores aseguran que la dirección del centro conoce la situación desde hace semanas sin que sus responsables “hayan hecho nada por impedirla”. El centro se ubica en el complejo de apartamentos Porto Bello, en la localidad turística de Puerto Rico, y está gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. La tutela de estas personas, al igual que sucede con el resto de los aproximadamente 2.700 menores migrantes no acompañados en las islas, corresponde a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.
Un menor fugado
Estos dos “usuarios” habían sido reportados como mayores de edad y, sin embargo, permanecían en las instalaciones. En este momento, uno de los menores agredido se encuentra fugado. Las razones, según sus compañeros, era “para evitar esas agresiones y el bullying [acoso] que sufría por parte de algunos de los menores del centro que ridiculizaban su situación”.
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En su escrito, los supuestos empleados sostienen que los gestores les comunicaron en ese momento “que se harían cargo de todo ello”.
Tensión por los menores
La atención de los menores constituye uno de los puntos de fricción entre el Gobierno canario y el central. El repunte de llegadas desde 2019 obligó al Ejecutivo a desplegar a toda prisa más de 20 centros de acogida, gestionados por organizaciones privadas. La consejera de Asuntos Sociales, Noemí Santana, ha asegurado en repetidas ocasiones que el archipiélago está “desbordado”. En diciembre, Madrid aprobó una ayuda de 10 millones de euros para cubrir parte de los costes, que Canarias cifra en 18 millones.
