La política lo envenena todo en la Asamblea de Madrid. Ni siquiera la tragedia de que al menos tres menores tuteladas por la Comunidad hayan sido explotadas sexualmente por una red de proxenetas escapa a la lucha partidista en el pleno de este jueves, el primero del año. Con el punto de partida común de la condena a lo ocurrido, los partidos se lanzan a interpretar el terror en clave política. Podemos reclama que la nueva ley de infancia se haga por consenso y cuanto antes. Vox, que el Ejecutivo impulse una comisión de estudio sobre los centros de menores. Y por encima de todos se eleva, o se hunde, según se mire, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional.
Esta es su argumentación: no hay caso, porque todo ocurre fuera de las instalaciones públicas; si lo hubiera, peores son las redes detectadas en otras regiones gobernadas por la izquierda (Comunidad Valenciana e Islas Baleares); y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se interesa por esto, insinúa, porque es del PSOE.
“Es triste que venga a tirarnos a la cabeza los casos de otras comunidades, porque eso no le soluciona nada a las niñas”, lamenta Mónica García, la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición. “Sabe mejor que nadie que su consejera [Concepción Dancausa] no ha estado a la altura, y por eso va a ser reprobada”, sigue. “Debe elegir si va a proteger a la consejera o a las niñas. ¿De verdad usted se cree que los madrileños somos tontos?”.
La reprobación no existe como tal en el reglamento de la Asamblea de Madrid. Para que esa votación de castigo se celebre, Más Madrid la ha incluido dentro de una proposición no de ley, que llegará al pleno de la próxima semana. La argucia no solo es una muestra más de cómo el caso de las menores ha cobrado vida política, convertido ya en un argumento más para el choque diario y rutinario entre los diputados de los distintos partidos. También es la piqueta con la que puede empezar a abrirse una nueva brecha entre el PP y Vox, los dos aliados de derechas, que se necesitan pero no se quieren, y han encontrado en esta polémica un nuevo punto de fricción.
—Les pido que abran una comisión de estudio, que la lideren, no dejen a la izquierda coger esta bandera—, le dice Rocío Monasterio, la portavoz de la extrema derecha, a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
—Lamento que Vox no pierda la oportunidad de sumarse a comisiones para retorcer el dolor en la Asamblea, una más—, le contesta Ayuso.
Una más, dice la presidenta, invocando un pasado que no existe, igual que Pedro avisaba de que venía el lobo cuando nunca venía. Porque al principio de la legislatura, Vox anunció que apoyaría a la izquierda para que se pudiera seguir investigando lo ocurrido en las residencias regionales durante la primera ola de la pandemia, cuando murieron unas 5.000 personas y los protocolos de triaje impidieron el traslado de los enfermos de más edad que vivían en estos centros a los hospitales. Y Ayuso montó en cólera. Y Monasterio rectificó. No hubo comisión.
En consecuencia, hay que remontarse a la anterior legislatura para encontrar ese “una más” en que Vox permitiera investigar el caso Avalmadrid, para esclarecer cómo era posible que una empresa participada por el padre de la presidenta hubiera obtenido un aval de 400.000 euros, y no lo hubiera devuelto en su totalidad. La conclusión fue que ese organismo semipúblico le había dado un trato “preferente” e “irregular”.
“Están creando un caso donde no lo hay y están tapando los casos donde sí suceden”, acusa Ayuso, diluyendo lo que ha ocurrido en Madrid y subrayando lo que ha pasado en otras comunidades. “La demagogia es fácil”, añade, tildando de “circo” una posible investigación. “No está ocurriendo en los propios centros, ni a manos de sus profesionales. Lo que ocurre fuera es mucho más difícil de perseguir”, afirma en su intento de diluir la responsabilidad gubernamental.
Y dispara contra los gobiernos de izquierdas de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares: “Los casos conocidos conmocionan a todos. La diferencia entre unos y otros está en cómo se actúa cuando estos casos suceden. Esta protección no ha faltado en nuestros centros, quiero reivindicar el trabajo de nuestros profesionales. En caso de conductas irregulares por parte de los mismos, no tardaríamos ni un solo minuto en actuar, algo que no ha sucedido siempre en otras comunidades con casos mucho mayores en el seno de los mismos centros”.
Antes y después, la oposición lamenta lo ocurrido. “Lo sucedido con las niñas tuteladas es un drama, un horror, que demuestra que estamos muy lejos de erradicar cualquier violencia machista, y que las instituciones públicas le han fallado a estas niñas”, dice, por ejemplo, Carolina Alonso, la portavoz de Podemos. “Necesitamos solucionarlo. Dejar al lado los intereses partidistas y proteger la infancia de la región. Usted se ha comprometido a elaborar una ley de infancia, pero debe hacerse escuchando a la gente, a los profesionales, a las víctimas”.
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