La lucha contra el narcotráfico en el mundo y particularmente en Colombia, el mayor productor de hoja de coca y de cocaína, necesita cambios profundos como los que pide el Gobierno de Gustavo Petro, han señalado este miércoles con todas las letras los miembros de la Comisión Global sobre Política de Drogas. “Lo que estamos viendo es el fracaso de la política de la prohibición”, ha subrayado el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, respaldado por el grupo de líderes mundiales que reúne la comisión, durante un encuentro con periodistas en Bogotá. “Es urgente que haya un cambio de paradigma en Colombia”, insistió el también Nobel de paz por el acuerdo que selló con la extinta guerrilla de las FARC.
La comisión, creada en 2011, está conformada por 26 líderes mundiales, entre ellos la expresidenta de Suiza Ruth Dreifuss –también presente en Bogotá–, el español Javier Solana, quien encabezó la diplomacia europea, y otros exmandatarios de América Latina como el colombiano César Gaviria, el brasileño Fernando Henrique Cardoso o el chileno Ricardo Lagos. Entre sus fundadores estaba el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, muerto en 2018.
Su informe La política de drogas en Colombia: el camino a una regulación justa, que presentó este miércoles y es el primero dedicado en exclusiva a un país, incluye recomendaciones como la regulación legal de las drogas, un enfoque basado en los derechos humanos y despenalizar las actividades relacionadas, entre ellas el consumo y el cultivo. También separar las políticas de drogas de la agenda de seguridad nacional y fortalecer las instituciones del Estado. El documento es un espaldarazo en toda regla para la naciente estrategia antidrogas del Gobierno Petro, aún en construcción, en vísperas de que cumpla sus primeros 100 días en el poder.
El actual presidente de Colombia aprovechó su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre, para lanzar un fuerte alegato en esa dirección. “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, dijo entonces en Nueva York. Petro ha pedido dejar de criminalizar a los eslabones más débiles de la cadena, los cultivadores de coca, y enfocar los esfuerzos en golpear a las organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico, un reclamo en línea con el cambio de paradigma que Santos ya pedía en la recta final de su mandato (2010-2018), pero se vio interrumpido en el periodo de Iván Duque (2018-2022).
“Hay que tomarle la palabra al presidente Petro”, apuntó otro de los miembros de la comisión presentes este miércoles en Bogotá para presentar el informe, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000). “La premisa fundamental es que la prohibición no sirve, la penalización no sirve, la represión no sirve, la militarización no sirve, y la prueba de ello está en los resultados”, insistió el exmandatario. “Se debe descriminalizar el consumo de las drogas, y la oferta debe ser regulada”.
La superficie total destinada a los cultivos de coca en Colombia alcanzó un récord histórico de 204.000 hectáreas al cierre del 2021, antes de que Petro llegara al poder, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado el mes pasado. Esa cifra marca el fracaso de la estrategia de Duque, quien dio un brusco giro en la política antidrogas. Mientras que Santos abogó por cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, y pidió abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública —incluso en su discurso de aceptación del Nobel de Paz de 2016 y en sus intervenciones ante la Asamblea General—, Duque marcó una línea más dura, volvió al prohibicionismo y favoreció la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos.
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Cada vez más voces señalan que mientras haya consumo y prohibición, habrá mafias que se lucran de las rentas ilícitas. “América Latina ha venido sufriendo un fenómeno que lo vemos desde México hasta Argentina, y es el fortalecimiento del crimen organizado”, ha abundado en su diagnóstico Santos, que solía referirse a la lucha antidrogas como una bicicleta estática por su desalentador balance tras medio siglo de esfuerzos. En muchas áreas de América Latina, apuntó, quien controla el territorio no es el Estado, es el crimen organizado, lo que acaba por debilitar las democracias.
En Colombia, el acuerdo de paz sellado a finales de 2016 “trajo la esperanza de que vendría una nueva era, pero debido a un cambio en el poder político y, por lo tanto, en la voluntad política, la implementación ha sido desigual e infructuosa en general, sobre todo cuando se combina con las limitaciones que impone la propia prohibición”, señala el prólogo del informe, firmado conjuntamente por los dos expresidentes colombianos que son miembros de la comisión, Santos y César Gaviria (1990-1994). Ante las cifras récord de cultivo y producción de coca, la Administración de Petro ha anticipado que los acuerdos con las FARC marcan la hoja de ruta para una política de sustitución de cultivos. Su nueva perspectiva frente a las drogas apunta a pacificar los territorios, pero de momento no contempla legalizar el comercio y el tráfico de cocaína.
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