El saqueo de agua ilegal que ha esquilmado durante décadas el acuífero de Doñana hasta provocar su declaración de “sobreexplotado” hace un año y medio ha hallado este martes unos aliados inesperados. PP, Ciudadanos y Vox han presentado dos proposiciones de ley en el Parlamento andaluz para legalizar 1.461 hectáreas de invernaderos de fresas ubicadas en el entorno de la reserva natural y cuyos agricultores han robado el agua de su acuífero mediante un millar de pozos ilegales. En el límite de la reserva de la biosfera conviven agricultores legales con permisos para captar agua subterránea y otros ilegales que la roban en zonas cartografiadas, 1.461 hectáreas de regadío de las que sobresalen 335 sobre suelo forestal con la máxima protección ambiental.
El cambio legislativo
Propuesto por los tres grupos parlamentarios atenta contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que el pasado junio condenó a España por no haber frenado el expolio provocado por los invernaderos clandestinos de frutos rojos “con extracciones de agua ilegales”. En paralelo, la medida contraviene a la Unesco, que mantiene los humedales de Doñana como Patrimonio de la Humanidad pero que en sus informes ha urgido a las Administraciones españolas a respetar el plan diseñado para proteger el acuífero. Y justo ese plan es el que pretenden alterar PP y Cs, que gobiernan en la Junta andaluza, con el apoyo de Vox, muleta parlamentaria necesaria para alcanzar la mayoría y aprobar leyes. El objetivo es aumentar las extracciones legales del acuífero ya esquilmado y si su tramitación parlamentaria no se tuerce será una realidad antes de verano.
“La Unesco le pedirá a España más información antes de pronunciarse, tal y como lo marca la convención del patrimonio mundial. Entretanto, se remite a la última decisión del comité mundial en la que pide a España que cumpla con todas las recomendaciones de la misión de 2020″, advierten fuentes del organismo internacional que vela por el patrimonio cultural y natural. Entre esas recomendaciones al Gobierno español, la Unesco exigía que avanzara en el desarrollo del plan para proteger el acuífero de Doñana, y del que cinco años después de su puesta en marcha, la Junta andaluza solo había ejecutado el 17% de sus medidas, según denunció la organización conservacionista WWF.
Tanto el Gobierno central como los grupos ecologistas han salido en tromba este martes para denunciar la intención de los tres partidos más a la derecha en Andalucía en año electoral. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha advertido que la iniciativa está “carente de armazón jurídico” y lamentó su “falta de lealtad institucional”. La CHG gestiona el agua y los permisos de riego para las bayas plantadas junto a Doñana.
Mientras Unidas Podemos y Adelante Andalucía tildaron la medida de “atentado medioambiental” y “amnistía para los ilegales”, el PSOE andaluz guardó silencio. Los socialistas alegan que están estudiando la proposición de ley porque es un “tema muy complejo”, a pesar de que la conocen desde hace una semana.
La paradoja es que el espacio protegido más emblemático de España tiene su enorme acuífero de 2.409 kilómetros cuadrados bajo mínimos y sus lagunas casi del todo secas. La sequía afecta a 4,3 millones de personas en la cuenca del Guadalquivir, especies de flora y fauna pelean por sobrevivir en Doñana y los expertos alertan de que la previsión es que cada vez lloverá menos en el sur peninsular. Sin embargo, los dos partidos que gobiernan Andalucía y la ultraderecha prevén aumentar el regadío en 1.461 hectáreas que consumen unos siete hectómetros cúbicos al año al borde de la reserva natural, según los cálculos de los expertos en regadío agrícola.
El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha criticado que la iniciativa solo traerá mala publicidad para las bayas onubenses, el 80% de cuya producción acaba en los supermercados europeos. “Poner en el disparadero internacional, europeo y nacional a Doñana y su industria agrícola, con mercados tan sensibles en cuanto a la sostenibilidad y su trazabilidad ambiental, es una temeridad”. Páez censura que tanto la Junta, como el PP, Ciudadanos y Vox saben que tras la legalización de los invernaderos, estos deberán contar con la asignación del agua, y el organismo que la concede es la Confederación Hidrográfica.
Con la reciente declaración de sequía se ha abierto un escenario hasta ahora inédito en el entorno de Doñana: cada vez llueve menos y los recursos son más escasos, así que si aparecen nuevos agricultores con hectáreas de riego y adquirieran derechos de agua, los primeros perjudicados serán los agricultores legales que recibirán menos agua de las reservas ya menguantes. El nuevo Plan Hidrológico prevé una reducción de los cultivos de regadío del 5% hasta 2027. Mientras, los embalses de la cuenca del Guadalquivir están solo al 28% de su capacidad y sigue sin llover de manera copiosa.
Ante las alertas internacionales y la denuncia de la Comisión Europea a España, en 2014 la Junta andaluza movió ficha tras siete años de estudios y consensuó un plan que legalizó 9.340 hectáreas y dejó fuera de ordenamiento esas 1.461 hectáreas de cultivos en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos en Huelva. La Junta andaluza presume de tener en marcha una revolución verde y mantener un comisionado del cambio climático y la transición energética, iniciativa y organismo sin apenas contenido real. Tanto la Consejería de Medio Ambiente como el comisionado, Juan Manuel Muñoz, rechazaron este martes pronunciarse sobre la medida parlamentaria planteada.
La justicia tiene abiertas multitud de causas contra estos agricultores ilegales tras el fracaso de la vía Administrativa. “Una propuesta de ley es una cuestión política y en las elecciones los ciudadanos sabrán lo que tienen que hacer. Si se aprueba, ya veremos cómo afecta, pero a priori no afectará a las investigaciones penales”, ha matizado el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores. La Fiscalía recurrirá “casi con toda seguridad” la sentencia que absolvió recientemente a 13 agricultores y dos exalcaldes juzgados por extracciones ilegales de agua en 13 fincas. Tras el fallo, el ministerio público y la Abogacía del Estado han pedido al tribunal aclaraciones para subsanar omisiones.
Tanto la Guardia Civil como la CHG han multado a los agricultores incumplidores, pero estos han sido respaldados por sus alcaldes y otras autoridades, como el vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, que arengó a “seguir peleando” a los agricultores de Lucena del Puerto hace dos años. “Lo estáis haciendo de puta madre”, les dijo. Hasta ahora, cuando una patrulla de agentes medioambientales clausuraba un pinchazo en la tierra del entorno de Doñana, los agricultores hacían otro a pocos metros para seguir regando, así hasta dejar sobreexplotado el acuífero y sus reservas bajo mínimo.
El parlamentario del PP que ha presentado este martes la proposición de ley, Manuel Andrés González, defiende el cambio del plan: “No nos preocupa para nada la Unesco porque no se va a amnistiar a nadie. La mayoría de fincas afectadas están a 30 kilómetros de Doñana, es solo que el plan se llama así. Pedimos su legalización para que el Gobierno haga las infraestructuras hídricas que permitan a los agricultores regar con agua superficial”. El PP alega que el Gobierno debe ejecutar un trasvase proyectado desde la cuenca del río Tinto hasta los cultivos cercanos a Doñana, unas obras de momento aparcadas por el Ministerio de Transición Ecológica.
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