La reforma del sector eléctrico de Andrés Manuel López Obrador ha abierto una grieta en el PRI, acorralado por presiones desde todos los flancos. Del presidente ahondando en la polarización para intentar llevar a su terreno el debate sobre el nuevo giro estatista: “Los legisladores van a decidir si están a favor del ciudadano o de las empresas con intereses creados”.
De la oposición avisando de que el futuro de la alianza de los tres partidos -PRI, PAN y PRD- contra Morena dependerá de la posición de cada uno en esta reforma. Y más presión desde dentro de la propia formación tricolor, con voces de peso que ya rechazan frontalmente dar su apoyo a un plan que significaría borrar del mapa gran parte de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013, una de las banderas de aquel nuevo PRI.
El histórico partido mexicano, que gobernó sin interrupción durante más de 70 años, está en el centro del huracán. Los resultados de las elecciones de junio -que dejaron a Morena solo con la mayoría simple de mano de sus socios- le han otorgado una posición estratégica como tercera fuerza parlamentaria, clave para alcanzar la mayoría calificada que abre las puertas de las reformas constitucionales, el objetivo número uno de López Obrador. De momento, la dirección del PRI ha mantenido una meditada ambigüedad abriendo la posibilidad tanto a negociar con el Gobierno como con la oposición de aquí al final del sexenio. Un difícil equilibro que busca mantener la influencia perdida durante los últimos años pero que ya le está empezando costar caro dentro y fuera del partido.
En la agenda del Gobierno, a los cambios en el sector energético le siguen las reformas en la normativa electoral y el Ejército, un paquete con el que el presidente pretende reconfigurar el andamiaje institucional y productivo del país. En concreto, la iniciativa presentada la semana pasada supone una marcha atrás a la liberalización del mercado eléctrico impuesta por Peña Nieto, elimina un puñado de organismos reguladores y devuelve amplios poderes a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizándole además un 54% del mercado.
Las líneas maestras que López Obrador pretende sellar en la Constitución ya estaban dispuestas en la ley de industria eléctrica. Una iniciativa que fue no solo paralizada en los tribunales por recursos de las empresas afectadas, sino también impugnadas en abril ante la Suprema Corte por un grupo de legisladores de la oposición, del PRI incluidos, que estimaban que la ley vulneraba la libre competencia, imponía barreras económicas y dañaba derechos a la salud y al medio ambiente.
Doble contradicción
Sectores críticos del partido subrayan que apoyar la reforma eléctrica sería una doble contradicción. No solo chocaría con las políticas del último Gobierno priista, sino con la postura del partido hace apenas cinco meses. La senadora Claudia Ruiz Massieu, expresidenta de la formación y peso pesado dentro del gabinete de Peña Nieto, donde lideró la Cancillería y la Secretaría de Turismo, salió este miércoles a la palestra para mostrar públicamente su rechazo al proyecto del gobierno.
“Es un retroceso. No es lo que el país requiere en materia de desarrollo. Vamos a tener apagones, aumento en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de Estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión. No es una ley que nosotros podamos respaldar así”, adelantó Ruiz Massieu desde la instalaciones del Senado.
El resto de la oposición también ha alertado de que se trata de un asunto clave para la supervivencia de la alianza llamada Va por México, nacida primero en clave electoral pero que aspira a convertirse también en un frente con un programa común para disputar la acción legislativa de Morena. Después de las críticas vertidas durante la semana por dirigentes del PAN, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, adelantó este miércoles que “la alianza va a tener una primerísima e importante prueba de fuego de su fortaleza con esto de la reforma energética”.
Dividido internamente y muy mermado en su poder territorial —tan solo cuenta con cuatro gubernaturas, su peor balance histórico—, la dirección del PRI ha intentado ganar tiempo proponiendo la convocatoria de unos foros con expertos para analizar los detalles de la reforma. El debate y votación parlamentaria están previstos para mediados de noviembre. Más de un mes de plazo en el que se irán definiendo las posturas dentro del partido entre una escalada de presiones.
