El reciente evento electoral ha sido descrito como una nueva “fiesta de la democracia mexicana”, aunque la realidad detrás de esta celebración es más sombría de lo que podría parecer. Con una participación del 12.9% y un costo por voto notablemente alto, el escenario se encuentra marcado por la incertidumbre. Ahora que el resultado se ha materializado, nos enfrentamos a una nueva cosa: un escenario donde un único partido controla totalmente los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— sin salvaguardas en vigor.
Antes, los inversionistas podían confiar en que había una garantía de justicia, una protección que podía materializarse ante cualquier conflicto relacionado con el Estado. Sin embargo, con la nueva Suprema Corte compuesta principalmente por ministros afines al partido hegemónico, esta protección se ve comprometida. Se refiere a una corte que probablemente no tomará decisiones en contra del Ejecutivo, creando un entorno donde las disputas relacionadas con impuestos, concesiones y permisos se resolverán en favor del gobierno sin consideración a los méritos del caso.
Este cambio resulta grave para la economía, ya que al momento de evaluar inversiones, los riesgos asociados con el gobierno han aumentado considerablemente. Aunque invertir en México no es algo imposible, se requerirán tasas de retorno más elevadas para compensar el mayor riesgo; muchos proyectos que antes eran viables podrían volverse insostenibles. Este fenómeno puede desencadenar una cascada de consecuencias: menor inversión, crecimiento económico reducido, incremento en el desempleo y un deterioro en la situación fiscal.
A este panorama se añade la compleja tarea de renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La posibilidad de exigir condiciones justas a socios comerciales se ve amenazada por la percepción de que México ya no es un país con un Estado de Derecho sólido.
Este es el nuevo contexto que enfrenta la administración actual. Con la formalización de estos cambios y con la falta de mecanismos que garanticen la resolución de conflictos, tendremos que esperar algunos años para observar las consecuencias plenas de este “experimento” de democracia directa. El impacto de estas decisiones, lamentablemente, solo comenzará a ser visible a largo plazo, en un entorno donde la estabilidad parece ser una ilusión. La “fiesta democrática” ha llegado, pero la cruda que la acompañará podría ser más severa de lo anticipado.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
