La salida de la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar (PP), es especialmente significativa en la operación de renovación del Tribunal de Cuentas, por el papel destacado que ha tenido en la gestión de algunos de los asuntos más relevantes que se han tramitado en esta institución, entre ellos los expedientes sobre responsabilidad contable seguidos contra los dirigentes del procés. Mariscal de Gante fue la autora de la sentencia que condenó a Artur Mas y otros por los gastos realizados en la organización del 9-N. Este fallo fue avalado luego por el Supremo, al rechazar el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso.
En aquella sentencia, por otra parte, Mariscal de Gante acordó apartar a la Abogacía del Estado en el último momento, cuando ya había participado en todas las fases del proceso. El motivo de expulsar a la Abogacía del caso fue que la administración perjudicada no era el Estado, sino la Generalitat. Por tanto, se entendió que la Abogacía no tenía un papel que desarrollar en ese primer asunto. Este aspecto del fallo fue importante porque ahora ha creado un precedente para que la Abogacía del Estado vaya a retirarse del nuevo procedimiento sobre los gastos que hizo la Generalitat en la búsqueda de apoyos para los planes independentistas en el extranjero. El motivo vuelve a ser que no es el Estado la administración perjudicada, con independencia de que la Generalitat considere serlo o no.
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A la persona que ahora sustituya a Mariscal de Gante le corresponderá ahora dictar la sentencia que haya de recaer en su día con respecto a los investigados por los gastos realizados por la Generalitat entre 2011 y 2017 para la promoción exterior del procés. Ese será el último paso, pero antes quedan muchas decisiones que tomar, en particular la que tiene que ver con la validez de los avales con que la Generalitat quiere afianzar los 5,4 millones de euros reclamados a los 34 exaltos cargos implicados en el caso.
La Sala que tiene que resolver los recursos presentados tenía hasta ahora mayoría progresista, y habrá que ver cómo quedan los equilibrios una vez constituido el nuevo Tribunal de Cuentas y decididos los puestos concretos de cada uno de los doce consejeros que lo integran. Cuatro de ellos pasarán a la Sección de Enjuiciamiento, que es la instancia que deberá asumir el procedimiento en su fase jurisdiccional, que ahora se abre.
