La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha hecho eco de su decisión definitiva al desechar el último recurso presentado por Elba Esther Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Con este fallo, Gordillo se ve obligada a abonar más de 19 millones de pesos a la Hacienda mexicana en concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los años fiscales 2008 y 2009.
Este veredicto responde a la impugnación que Gordillo lanzó en junio del año pasado, y la SCJN ha determinado que no existen temas de inconstitucionalidad a revisar en el asunto. Durante su gestión como presidenta del SNTE entre 2008 y 2009, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó depósitos significativos en las cuentas de Gordillo, así como pagos en tarjetas que deberían considerarse ingresos sujetos al ISR. En 2024, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó que la exfuncionaria no pudo demostrar que dichos ingresos formaban parte de los gastos necesarios para su labor en el sindicato.
El pasado junio, la SCJN admitió el recurso de Gordillo, que buscaba combatir un crédito fiscal de 21.2 millones de pesos. Sin embargo, el caso quedó pendiente hasta que se designaron nuevos jueces en septiembre, quienes solo se enfocarían en si habría argumentos constitucionales en la defensa presentada por Gordillo.
El TFJA, en una decisión de 2021, anuló dos créditos fiscales que superaban los 25 millones de pesos relacionados con ingresos que no fueron declarados en 2010 y 2012. En aquella instancia, se argumentó que las indagaciones realizadas por el SAT vulneraron el derecho de defensa de Gordillo, ya que durante ese periodo se encontraba encarcelada por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Aunque fue absuelta en 2018 por falta de pruebas contundentes, el TFJA dejó abierta la posibilidad de reexaminar estos casos.
A lo largo de su trayectoria, Gordillo ha estado envuelta en diversas controversias. Un reportaje reveló que trató de ocultar seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra en 2012, alegando que pertenecían a una herencia de su madre, quien desempeñó su labor como maestra rural en comunidades indígenas de Chiapas.
Con la reciente decisión de la SCJN, se cierra un capítulo importante en la saga judicial de Gordillo, vieja conocida de la política mexicana desde 1989 hasta 2013, y se reitera la atención que el sistema judicial mexicano presta a los casos de corrupción y manejo de recursos públicos. Esta resolución no solo reafirma la vigilancia de las instituciones, sino que también pone de relieve la compleja intersección entre poder político y fiscalización en el país.
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