La reciente adquisición de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desatado un intenso debate sobre la gestión de recursos públicos y la transparencia en las instituciones. Con un costo individual que oscila entre 1.7 y 3 millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta compra generaría un ahorro de más de 1,000 millones de pesos al reemplazar un contrato de renta anterior. Sin embargo, la veracidad de estas cifras está siendo puesta a prueba.
La SCJN sostiene que el ahorro proviene de dos factores clave: la reducción de costos y la mejora en la seguridad de los ministros. Pero los números no parecen respaldar esta afirmación. En 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pagó 277 millones de pesos por el alquiler de 79 camionetas blindadas en un plazo de cuatro años, lo que implica un gasto de 876,000 pesos anuales por vehículo. Si aplicamos esta tarifa a las 11 camionetas que anteriormente utilizaban los ministros, el coste anual habría llegado a 9.6 millones de pesos, acumulando un total de 28.8 millones de pesos en tres años. Esta suma es muy similar al costo de la compra actual, que alcanza los 27 millones de pesos por las nueve unidades.
A partir de estos datos, el gasto único en la adquisición se equipara a tres años de renta. Sin embargo, la SCJN continúa sosteniendo que el ahorro es de 1,000 millones de pesos. Para alcanzar esa cifra, incluso considerando una inflación anual del 4.5%, serían necesarios 42 años de renta; sin inflación, el tiempo asciende a 104 años. Esta incongruencia en las cifras plantea serias interrogantes sobre la validez de la declaración de ahorro.
Además, la falta de claridad en los términos del contrato de renta anterior dificulta cualquier comparación objetiva. ¿Qué condiciones abarcaba? ¿Era realmente más costoso que el acuerdo con el SAT? Sin información concreta, el argumento del ahorro pierde peso.
El segundo aspecto que la SCJN presenta es la seguridad, argumentando que el blindaje de estos vehículos es crucial para la protección de los ministros. Sin embargo, se plantea la cuestión de si es necesario recurrir a vehículos de lujo, dado que en otros países, magistrados y jueces suelen utilizar automóviles blindados estándar, que son menos costosos y aún cumplen su función protectora. Esta elección refuerza la percepción de que el lujo ha prevalecido sobre la austeridad.
La falta de transparencia en este caso es alarmante, especialmente cuando se manejan recursos públicos. La credibilidad de las instituciones judiciales está intrínsecamente ligada a su capacidad para rendir cuentas y actuar con claridad. La opacidad en este gasto no sólo genera desconfianza, sino que también alimenta críticas hacia la actual administración de la SCJN.
Además, esta situación ilustra una contradicción en las voces que han criticado la compra. Anteriormente, se rentaban 11 camionetas sin mayor escrutinio, pero el cambio a la compra de nueve unidades ha generado un aluvión de cuestionamientos. Esto sugiere que el foco solo se ha concentrado en los gastos que generan titulares, dejando de lado el análisis crítico de gastos recurrentes.
El verdadero desafío aquí no son las camionetas en sí, sino la exigencia de claridad en el manejo de los fondos públicos. La SCJN tiene la responsabilidad de explicar con precisión cómo llegó a la cifra de 1,000 millones de pesos en ahorros y justificar la elección de vehículos de lujo. La falta de respuestas podría continuar erosionando la confianza en una institución que se espera sea un modelo de integridad y transparencia.
Cuando las instituciones operan con falta de información pública, la desconfianza se convierte en una respuesta natural. La nueva SCJN, promovida por la administración de Claudia Sheinbaum y compuesta por ministros designados por un pequeño grupo de ciudadanos, debe demostrar que es proactiva y distinta de su predecesora. La rendición de cuentas y la transparencia son imperativas para restaurar la fe pública en el sistema judicial.
Actualización: Este análisis se basa en datos de enero de 2026.
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