Una mañana calurosa en enero, en una clínica rural de Michoacán, una madre llegó con su pequeño hijo de seis años que sufría de fiebre alta. Como es habitual, el médico sabía que lo esencial era un antibiótico común, accesible y económico. Sin embargo, al abrir el gabinete de medicamentos, halló estantes vacíos. La madre tuvo que emprender un viaje de casi dos horas para adquirir el medicamento por su cuenta, desembolsando más de la mitad de su ingreso semanal. Este escenario, lamentablemente habitual en México, revela un problema estructural: el desabasto de medicamentos en el sistema público de salud.
Este fenómeno no es nuevo ni aislado. Desde 2019 hasta 2023, se registraron más de 60 mil reportes de falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicas, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). A su vez, el Coneval estima que aproximadamente 15 millones de personas enfrentaron dificultades para acceder a medicamentos gratuitos en el último año. Algunos estados reportan que la disponibilidad de medicamentos esenciales ha caído por debajo del 70%, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda niveles superiores al 90%.
El impacto financiero es igualmente alarmante. En México, el gasto de bolsillo en medicamentos representa cerca del 40% del gasto total en salud, uno de los porcentajes más altos entre los países de la OCDE. Esto implica que, cuando el sistema público no proporciona los medicamentos necesarios, las familias se ven forzadas a asumir costos que pueden llevarlas a endeudarse o a sacrificar otros bienes esenciales.
Un sistema de salud robusto no solo es un servicio público; es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. La falta de acceso a medicamentos esenciales deteriora la salud de las personas, disminuye su productividad y genera una carga adicional para las familias que cuidan de los enfermos. Además, la falta de tratamiento oportuno puede convertir enfermedades simples en padecimientos graves, lo que repercute en costos hospitalarios más altos a futuro.
La salud también es un componente crucial de la cohesión social. La desconfianza en las instituciones se intensifica cuando la población percibe que el Estado no puede garantizar el acceso a medicamentos básicos. En un país con marcadas desigualdades, el desabasto amplifica las brechas: quienes cuentan con recursos pueden adquirir sus tratamientos, mientras que quienes no, simplemente se quedan sin la atención que necesitan.
Para abordar esta crisis, se requiere implementar una estrategia integral que combine eficiencia operativa, competencia económica y modernización tecnológica. Tres líneas de acción son particularmente relevantes:
Revisión de normas de patentes y propiedad intelectual. Se necesita un marco regulatorio que, al proteger la innovación, permita la entrada oportuna de medicamentos genéricos y biosimilares. Reducir barreras regulatorias innecesarias, agilizar procesos de aprobación y evitar extensiones artificiales de patentes podría incrementar la competencia y, por ende, reducir precios a beneficio del sistema público.
Licitaciones de medicamentos con enfoque pro competitivo. El diseño de las compras públicas debe fomentar la participación de múltiples proveedores, evitando adjudicaciones concentradas y promoviendo reglas claras que reduzcan los riesgos de colusión. Estrategias como licitaciones segmentadas y contratos plurianuales contribuirían a atraer más oferentes, garantizando precios más bajos y estables.
Uso de tecnología e inteligencia artificial en la cadena de suministro. La inteligencia artificial puede optimizar la planificación de la demanda, anticipar quiebres de stock y mejorar la distribución. Sistemas de trazabilidad en tiempo real ayudarían a detectar fallas logísticas antes de que se conviertan en desabasto. Asimismo, algoritmos predictivos podrían ajustar las compras basadas en estacionalidad, patrones epidemiológicos y consumo histórico.
México cuenta con la capacidad técnica y humana necesaria para resolver el problema del desabasto de medicamentos, pero es esencial que se tomen decisiones estratégicas y sostenidas. Garantizar el acceso a medicamentos no es solo una cuestión de política sanitaria; es una inversión en bienestar, productividad y justicia social. Solo así se podrá empezar a superar esta crisis que afecta a millones de personas y su derecho a una salud digna.
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