La Segunda Guerra Mundial ha vuelto a convertirse en un problema político y diplomático para Polonia. En este caso, una ley aprobada por el Parlamento de Varsovia, que reduce drásticamente la posibilidad de cobrar indemnizaciones por bienes robados a las víctimas del Holocausto y sus familiares, ha provocado encendidas protestas por parte de Israel, además de organizaciones como el Congreso Judío Mundial. Se trata de un problema que resume la historia polaca desde 1945; pero que se suma a otras polémicas que ha protagonizado el Gobierno ultranacionalista de Ley y Justicia (PiS) en lo que muchos historiadores consideran un intento de reescribir el pasado del país.
Polonia, que albergaba la mayor comunidad hebrea de Europa antes del Holocausto y donde tres millones de judíos fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los 47 países que firmó en 2009 la Declaración de Terezin (República Checa). Los Estados firmantes se comprometían a hacer todo lo posible para restituir los bienes a las víctimas y, en caso de que fuese imposible, a compensarles.
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Polonia es uno de los pocos países europeos que no tiene una ley de restitución. Después de la guerra, el nuevo Estado nacionalizó esos bienes en vez de devolverlos a sus legítimos propietarios. Todo eso ha provocado numerosas demandas.
El Tribunal Constitucional polaco dictaminó en 2015 que el Gobierno debía poner un límite temporal a las reclamaciones y la Cámara baja lo fijó la semana pasada en un máximo de 30 años hacia atrás en el tiempo. De ratificarse la ley por el Senado y el presidente, Andrzej Duda, por tanto, la inmensa mayoría de las reclamaciones de las familias de víctimas de la Shoah no llegarían a ningún lado porque para continuar el proceso se verían obligadas a demandar al Estado, lo que es costoso, difícil y muy largo.
