El pasado 11 de marzo, un grupo de 16 menores ucranios, entre ellos un bebé, aterrizó en el aeropuerto de Fuerteventura. Vivían en un orfanato ubicado a 30 kilómetros de Kiev, capital de Ucrania, y buscaban refugio tras el estallido de la guerra. Ya están a salvo, pero la evacuación y acogida de estos niños en un albergue municipal la gestionó una ciudadana ucrania y la alcaldesa del municipio de La Oliva por su cuenta. Contactaron con autoridades ucranias, pero no tuvieron en consideración mucho más. La Dirección General de Infancia de Canarias, quien responde en realidad por la protección de todo menor no acompañado que llegue a las islas y quien probablemente acabará asumiendo la tutela de estos niños, se enteró de la iniciativa por la prensa.
Cada día hay más iniciativas de plataformas ciudadanas y particulares que fletan autobuses o conducen sus propios coches hasta la frontera de Ucrania y vuelven a España cargados de refugiados. La solidaridad sin precedentes que está mostrando la sociedad puede servir de apoyo a los desplazados en el peor momento de sus vidas. Pero también acarrea problemas, caos y desprotección sino se coordina con las autoridades, según advierten fuentes gubernamentales, autonómicas y del tercer sector. Vienen a decir que los principios individuales de solidaridad no siempre encajan con el bienestar de las personas a las que se quiere ayudar.
En los últimos días se han multiplicado los llamamientos de las autoridades y de ONG para que las iniciativas ciudadanas, aun impulsadas por la buena voluntad, se comuniquen y se coordinen siempre con las administraciones. “Hay que hacer un llamamiento público hacia una solidaridad organizada que no se puede encauzar solo desde la conmoción, sino desde la razón”, pide una fuente gubernamental.
Esta fuente, que se muestra especialmente preocupada con episodios que se han ido sucediendo estos días, advierte de que la solidaridad de la sociedad civil sin control está determinando el destino de personas vulnerables que, quizá, ni siquiera pensaban en venir a España, precarizándolas aún más.
También, que alteran los planes de gestión de la acogida en los ámbitos español y europeo y que influyan en los flujos migratorios sin coordinarse con las autoridades. “Estas redes actúan desordenadamente y pensando más en otras cuestiones, como su reputación, que no tienen nada que ver con el bienestar de los refugiados”, advierte. España, de hecho, en comparación con otros países no sabe muy bien cuántos ucranios han llegado a su territorio, porque su única forma de medirlo es que pasen por cauces institucionales. “Esta forma de actuar, además, puede generar el caldo de cultivo perfecto para fomentar el tráfico de personas”, añade esta fuente.
El Gobierno, las ONG y las comunidades se han coordinado para derivar a los desplazados a los recursos de acogida habilitados (unas 19.000 plazas) que sean las más adecuados según el perfil, pero sigue habiendo gente que actúa por su cuenta. Los refugiados no se quedan en la calle, pero el margen de maniobra al improvisar una recepción no anunciada es mínimo. Lo ejemplifica un caso reciente en el que una plataforma ciudadana decidió fletar un autobús con refugiados hacia una capital española sin avisar.
Poco antes de llegar, la responsable se puso en contacto con una ONG de acogida que solo pudo ofrecer plazas a 60 kilómetros de allí. La respuesta enviada en audios de WhatsApp fue de todo menos cordial: “Ya lo podéis ir arreglando”, “que mueva el culo el Gobierno o quien lo tenga que mover porque me planto con el autobús ahí y no se baja ninguno”, “que empiecen a alquilar habitaciones o lo que sea”. Quien necesitó una cama donde dormir acabó donde había en ese momento, a 60 kilómetros de donde exigía la organizadora.
Otro ejemplo. Una de las ONG encargadas del dispositivo de acogida explica a el país ue se han enterado de la llegada de autobuses llenos de refugiados de madrugada y por casualidad. “Por la llamada de la suegra de una prima de alguien que iba en el autobús”, cuando estaban a apenas a cien kilómetros de llegar a su destino. “Así es muy complicado gestionar nada”, explica su responsable.
El Gobierno maneja la cifra de unos 1.700 desplazamientos hacia España entre el 12 y el 16 de marzo, la mayoría en autobuses y furgonetas y en trenes. El Ejecutivo sabe que antes ha habido unos cuantos miles más, pero hay cientos de viajes que se le escapan. Las llegadas en trenes o en avión suponen menos problemas porque hay coordinación y comunicación con el operador francés SNCF y con las aerolíneas que informan de los refugiados que pueden ir a bordo.
La llegada descoordinada de menores solos, como la de Fuerteventura, es lo que más preocupa a las autoridades. A lo largo de las fronteras ucranias ya se están reportando casos de niños enviados por padres desesperados para que los recojan familiares o amigos y que luego desaparecen, según ha publicado el diario británico The Guardian. Acnur, la agencia para los refugiados de la ONU ya ha alertado del riesgo de que los refugiados más vulnerables acaben en manos de mafias y traficantes de personas. Una fuente ministerial advierte: “Hay un caos considerable, las comunidades autónomas se ven desbordadas con niños para los que no tienen recursos de acogida. Todo el mundo quiere ayudar, pero esto hay que ordenarlo”.
Cada día hay más iniciativas de plataformas ciudadanas y particulares que fletan autobuses o conducen sus propios coches hasta la frontera de Ucrania y vuelven a España cargados de refugiados menores sin su autorización expresa. La Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Sevilla, por su parte, emitió un decreto la semana pasada sobre la obligación de que se le informe sobre la llegada de menores de edad no acompañados. La directora general de infancia de Canarias, Iratxe Serrano, que ahora tendrá que ver qué hacer con los huérfanos recién llegados en una comunidad ya saturada con la acogida de casi 3.000 menores extranjeros, advierte: “La ayuda se debe ofrecer con estándares profesionales, es de vital importancia saber a quién vamos a ayudar y cómo. La improvisación es, ya en sí, un factor de riesgo”.
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