El nerviosismo crece en la olla a presión de los albergues de emergencia para los menores marroquíes que se han montado en Ceuta tras la crisis fronteriza de mayo. La tensión ha aflorado en esos centros en los que viven más de 700 niños y jóvenes desde que el viernes se enteraron de que habían empezado las repatriaciones en grupo. Unos 80, según fuentes de distintas organizaciones humanitarias y policiales, han logrado escapar antes de que les toque la maldita lotería del regreso forzoso. Los vídeos de sus compañeros grabados con teléfono móvil enfilando el camino de regreso vuelan a través de WhatsApp y son el complemento perfecto para planear la fuga.
“Es un mecanismo normal de supervivencia, entendible en un niño con miedo a ser devuelto a su país de origen. Al saber que se están llevando a sus compañeros de otros centros tratan ellos de salir”, explica Laura Bodendörfer, oficial de protección de la Infancia de Unicef, que se encuentra desde hace varias semanas de misión en Ceuta. Ella ha sido testigo tanto el viernes como el sábado de la salida por la frontera de los menores. Save The Children, por su parte, ha entrevistado desde mayo a unos 350 de estos menores y ha recogido testimonios de violencia sexual o laboral, matrimonios forzosos y redes criminales o de trata.
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La mayoría, más de medio centenar según confirmaron fuentes policiales a El Faro de Ceuta, se fugaron el sábado del polideportivo Santa Amelia. Se trata de una de esas instalaciones improvisadas por las autoridades ceutíes tras las críticas recibidas por haber acogido los primeros días a cientos de chavales en naves cerca de la frontera. Las fugas de Santa Amelia llegan después de que los menores comprobaran cómo treinta de sus compañeros fueron repatriados desde estas instalaciones. Pero la noticia de los traslados forzosos y en grupo también ha llegado a otros centros de acogida. Una veintena aproximadamente han logrado huir de los albergues Piniers 1, 2 y 3.
Pese a todo, en la segunda jornada de repatriaciones la frontera estaba en calma cuando, a las diez de la mañana del sábado, atravesó la verja un minibús con 15 menores. Iba custodiado por agentes de la Policía Nacional y Local. El proceso de entrega a las autoridades del país magrebí, que transcurrió sin incidentes según pudo observar en la distancia Columna Digital, tuvo de testigos a trabajadores de Samu (la empresa que gestiona el recurso de menores de Santa Amelia), policías y miembros de Protección Civil.
Pero detrás de esa aparente normalidad, las autoridades de ambos países están incumpliendo las leyes, según varias organizaciones humanitarias que siguen a los menores en Ceuta desde que llegaron. Unicef cree que han de respetarse las leyes nacionales, europeas e internacionales, explica Laura Bodendörfer sin querer meterse en críticas a nivel político pero recordando que los menores han de ser evaluados.
Save The Children, otra organización con dilatada experiencia en derechos de menores, es menos diplomática a la hora de alertar sobre lo que consideran una ilegalidad por parte de Madrid y Rabat. Esta ONG lleva desde mayo entrevistando de manera individualizada a los menores y preparando informes que envían a las autoridades en un intento de que se cumpla la norma.
Hasta ahora han conseguido entrevistar a unos 350 niños y niñas, pero ninguno de los que se encuentran en Santa Amelia, de donde el Ministerio del Interior está repatriando hasta ahora a los menores sin explicar qué criterio de selección está siguiendo, según esta ONG. En al menos uno de cada cuatro casos afirman haber sufrido explotación laboral, detalla Darío Martín, uno de los mediadores culturales de Save The Children que llevan a cabo las entrevistas en árabe marroquí. Añade que, en algunos casos, han recogido testimonios de explotación sexual tanto en la calle como en la familia y algunas de las niñas escapan del matrimonio forzoso. Otros, añade Martín, afirman haber sido perseguidos por bandas, eran obligados a participar en redes criminales o escaparon de intentos de secuestros para trata.
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