La reciente discusión en torno a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha suscitado un amplio debate, en particular por sus implicaciones para la libertad de expresión y la competencia en el sector. Esta legislación, que originalmente tuvo su primera versión meses atrás, es considerada por algunos sectores como autoritaria, ganándose el apodo de #LeyCensura.
La iniciativa inicial contenía una controversial propuesta para gravar a las plataformas digitales, que finalmente fue descartada. Sin embargo, las críticas han persistido debido a la posibilidad de que se restrinja la expresión libre en medios digitales y de radiodifusión. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno, a través del ingeniero José Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital, comunicó ajustes a la propuesta, aunque muchas organizaciones y ciudadanos consideran que las modificaciones son insuficientes.
Uno de los puntos más álgidos radica en la permanencia de la capacidad de la Agencia para suspender transmisiones que, a su juicio, afecten derechos de la audiencia, lo que podría crear un marco propenso a la censura. La amplitud de consideraciones como el pluralismo político o la diversidad de ideas podría resultar en un uso arbitrario del poder, erigiendo un potencial obstáculo a la libre circulación de ideas.
El espectro radioeléctrico es otro tema central en la discusión. Aunque se ha progresado al proponer licitaciones abiertas para su asignación, se ha indicado que ciertas concesiones pueden entregarse directamente a entidades gubernamentales para lograr cobertura social. Esto podría plantear un conflicto con el principio de neutralidad competitiva, ya que las empresas públicas no están sujetas a las mismas restricciones que las privadas.
Por otro lado, se ha propuesto un sistema de descuentos en el costo del espectro a cambio de obligaciones de cobertura social, lo que podría favorecer a los operadores públicos, como la CFE Telecom, en detrimento de la competitividad en el sector privado. Esto, si no se maneja adecuadamente, podría llevar a una licitación sesgada y perpetuar un entorno donde las empresas privadas no puedan competir en igualdad de condiciones.
En cuanto a la cobertura de servicios, se reporta que alrededor del 10% de la población carece de acceso a internet 4G. Sin embargo, investigaciones indican que la mayoría de estos individuos sí tienen cobertura, aunque no usan el servicio por razones económicas u otras consideraciones. Esto sugiere que hay diversas “brechas” que deben ser abordadas más allá de la simple falta de infraestructura.
Finalmente, la cuestión de la regulación y la competencia económica suscita inquietudes. Las reformas recientes han puesto en duda la independencia de la nueva Agencia de Transformación Digital al otorgarle poderes que podrían ser considerados fuera de su mandato. Esto representaría una alteración de las reglas establecidas, afectando la inversión y la confianza en el mercado.
La ley, aclamada por algunos y criticada por otros, está siendo revisada en el Senado. Se espera que el proceso de debate permita afinar algunos de los aspectos más controvertidos, generando un espacio para la discusión de visiones diversas. El reto reside en lograr un marco normativo que equilibre la necesidad de regulación con la garantía de derechos fundamentales, un proceso que debe incluir a diferentes actores de la sociedad civil y del sector empresarial.
Es imperativo que las decisiones que surjan de este proceso respeten las necesidades de la ciudadanía y aseguren un entorno de libres elecciones y de competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
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