En el invierno de 2020, el 13 de julio, Inés Fuentes salió corriendo descalza de su casa alquilada para no volver. La precariedad le metía prisa. Un grupo de vecinos se había organizado para ocupar de manera ilegal los terrenos privados del otro lado de su calle en un barrio popular de Cerrillos (surponiente de Santiago). Fuentes, de 54 años y madre soltera de cinco hijos, destinaba la mitad de su salario en arriendo (250 dólares). Por eso no dejó escapar la “oportunidad”. Agarró cuatro palos y delimitó un cuadrado sobre el basural de residuos inertes. Por la noche levantó una carpa y encendió una fogata con su nueva comunidad. Esa madrugada se juntaron 80 familias. Tres días después, ya eran 300. Al cabo de un mes, 1.500. “Los haitianos llegaban como hormigas”, recuerda la mujer en el salón de su casa de 49 metros cuadrados construida con palets.
Fuentes es una de las dirigentas de la toma (categoría que recibe un asentamiento antes de que el Gobierno publique un catastro formal), en la que hoy viven entre 8.000 y 10.000 personas, unas 3.000 familias, según el catastro de 2020-2021 de la Fundación Techo Chile, conformando la ocupación ilegal más grande de Chile.
En país sudamericano, de 19 millones de habitantes, unas 600.000 familias no tienen acceso a una vivienda digna, lo que afecta a más de dos millones de personas. De esas familias, 80.000 viven en campamentos, la cifra más alta desde 1996. Un 30% de ellas son migrantes, un poco más del doble que hace una década. “Los campamentos son la punta del iceberg”, afirma Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, una iniciativa que pretende eliminar el déficit habitacional en Chile para el 2030. “Son muchas las familias que viven de allegadas, hacinadas…”, sostiene. “Esto se suma a una desconfianza hacia las instituciones para que resuelvan el problema, así que lo hacen por sus propios medios”, agrega.
La toma Nuevo Amanecer se conoce como “la mini ciudad del 10%” desde un encuentro sobre el tema organizado por la Fundación de Centro de Estudios Públicos (CEP). Para varios efectos, lo es. Dentro de las 11 hectáreas sin asfaltar aparecen ferreterías, peluquerías, restaurantes de distintas nacionalidades (la población de migrantes oscila entre un 70 y un 80%). También hay delincuencia. Unos han aprovechado para vender los terrenos que ocuparon, e incluso casas construidas, por hasta 2.500 dólares, cuentan los pobladores.
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