Las cifras del nuevo proyecto automovilístico en México generan incertidumbre. Con un presupuesto inicial de 25 millones de pesos y la promesa de un vehículo que costará 150 mil pesos, se anticipa que este automóvil no estará en circulación hasta el verano de 2027. Este esfuerzo, presentado como un símbolo de soberanía tecnológica, implica un gran desafío, especialmente en un sector donde competidores internacionales como Tesla y BYD ya han invertido miles de millones.
México tiene antecedentes en la industria automotriz que no resultaron exitosos. Empresas como DINA y Vehículos Automotores Mexicanos (VAM) fueron propiedad del Estado y, tras décadas de financiamiento con recursos públicos, tuvieron que cerrarse o privatizarse a finales de la década de 1980. A pesar de lo aprendido, el modelo de Estado empresario se ha perpetuado, repitiendo patrones de pérdidas que son financiadas con los impuestos de la población.
La situación de Pemex es un claro reflejo de esta ineficiencia. Junto a la rusa Gazprom, es una de las petroleras más endeudadas del mundo, con pasivos cercanos a 100 mil millones de dólares y un patrimonio negativo superando los 104 mil millones. En 2025, recibió más de 395 mil millones de pesos en transferencias públicas, recursos que se desvían de áreas críticas como la educación y la salud.
La corrupción ha desnudado aún más las falencias del Estado como empresario. Segalmex, una institución creada para ofrecer alimentos a la población más vulnerable, se convirtió en sinónimo de desfalco, con un daño estimado de 15 mil millones de pesos a través de contratos simulados y empresas fantasma. En lugar de garantizar el bienestar de los más necesitados, se transformó en un pozo sin fondo que, irónicamente, afecta a aquellos a quienes intentaba servir.
Este patrón no es exclusivo de México; se ha replicado en toda América Latina. Argentina, al expropiar YPF en 2012 bajo la premisa de una soberanía energética, enfrenta hoy una condena histórica de hasta 16 mil millones de dólares en Nueva York. Venezuela, tras nacionalizar sectores enteros, ha visto cómo su industria petrolera, una vez próspera, cae en un estado de ruina total.
Cuando los gobiernos asumen roles empresariales, se desvían de sus funciones primordiales: regular, garantizar seguridad y administrar justicia. Sin enfrentar competencia real, estos monopolios estatales distorsionan el mercado, desplazando la inversión privada que, a diferencia de ellos, asume riesgos con capital propio. El resultado es una ineficiencia que no solo los hace mal empresarios, sino que también los convierte en gobiernos negligentes, con los contribuyentes cargando el peso de las decisiones fallidas.
La creación de Olinia se presenta no solo como un intento de revivir la manufactura automotriz, sino como una metáfora de esta confusión. Mientras el Estado se embarca en proyectos de ensamblaje, descuida las responsabilidades que sólo él puede cumplir. La historia de la intervención del Estado en la economía latinoamericana ha demostrado que el modelo de empresa estatal frecuentemente conduce a la pérdida de fondos públicos, a resultados insatisfactorios y a ejemplos negativos.
La “olinización” de la economía no representa un avance; es más bien un claro regreso a un modelo ya fracasado, otra vez financiado con los recursos de todos. En este escenario, la urgencia por encontrar un equilibrio entre el Estado y la iniciativa privada se vuelve más crítica que nunca. Las lecciones del pasado deben guiar el futuro si se desea verdaderamente alcanzar una modernidad sostenible y eficaz.
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