Doña Carmen tiene 78 años y, desde hace seis semanas, vive en una carpa en Catia La Mar, en el litoral central de Venezuela. Su historia no comenzó con los devastadores sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon la costa el 24 de junio, sino mucho antes.
Primero, sus hijos dejaron atrás el hogar familiar. La mayor cruzó en 2016 a Cúcuta, Colombia, y ahora trabaja como estilista en Bucaramanga; el menor, tras atravesar la peligrosa selva del Darién, se estableció en Houston. Ambos huyeron de la hiperinflación, la escasez y un país que ya no les brindaba perspectiva. Luego, la panadería que la familia había regentado desde los años ochenta fue “recuperada” por el Estado bajo la justificación de una guerra económica, dejando a Doña Carmen sin indemnización. Finalmente, el terremoto destruyó el único hogar que le quedaba: su departamento.
La migración, la expropiación y el derrumbe pueden sintetizar la tragedia de Venezuela en la vida de una sola persona. Entre 2002 y 2012, más de 1,168 empresas fueron expropiadas, según Conindustria, y entre 2013 y 2021, el Producto Interno Bruto se contrajo en más de un 70%, la mayor caída de una economía en tiempos de paz. En consecuencia, Colombia ha sido refugio para 2.8 millones de venezolanos, mientras que Estados Unidos ha acogido a cerca de un millón. Antes del sismo, la ONU ya contabilizaba 7.9 millones de personas en situación de vulnerabilidad dentro del país.
El terremoto llegó a un suelo ya debilitado. La Guaira, estado vecino a Caracas, sufrió la pérdida de más de 1,400 edificios y la clausura de su aeropuerto internacional. Las cifras oficiales apuntan a aproximadamente 5,000 muertos, 16,700 heridos y cerca de 1,600 desaparecidos, mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que las pérdidas ascienden a entre 4,700 y 8,700 millones de dólares, lo cual representa entre el 4% y el 8% del PIB. A pesar de que los códigos de construcción existen desde 1967, rara vez se han cumplido, y la corrupción ha sido un factor que ha contribuido a este desastre.
A pesar de que el mundo está enfocado en el Mundial que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, la ONU ha solicitado 627 millones de dólares para cerrar la brecha humanitaria que se ha ampliado. El gobierno, sin embargo, ha dejado de informar sobre heridos y damnificados, limitándose a reportar viviendas entregadas.
La reconstrucción de Venezuela parece una tarea monumental. Sin financiamiento, no hay recuperación posible, y sin un gobierno reconocido que vuelva a las instituciones financieras multilaterales, el ciclo de incertidumbre persiste. Las condiciones son claras: primero, un gobierno legítimo; segundo, resolver los pasivos que suman aproximadamente 12,000 millones de dólares en laudos arbitrales pendientes; y tercero, aprovechar el potencial de la diáspora venezolana, que ha acumulado capital y habilidades en el exterior.
El diálogo político que comenzó el 1 de agosto entre el gobierno interino y un sector de la oposición es frágil. No están presentes figuras clave como María Corina Machado, reconocida como la principal líder opositora, ni Edmundo González, considerado por muchos como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 2024. La secuencia para una recuperación efectiva es crucial: estabilización, recuperación y elecciones. Sin un proceso electoral transparente, los esfuerzos de recuperación se limitarán a gestionar la escasez.
La situación de Doña Carmen es un recordatorio palpable de la complejidad de la crisis en Venezuela. No se trata solo de un sismo; se trata de un país que ha estado en caída libre durante años, un país donde los sismos son inevitables, pero donde el colapso de las instituciones no lo es. Doña Carmen sigue en su carpa, esperando que alguien cumpla con la promesa de un futuro más seguro.
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