La Unión Europea endurece su postura sobre Hungría y sus vulneraciones sobre el Estado de derecho. La Comisión Europea continúa su tira y afloja sobre los 7.500 millones de euros en fondos de cohesión que recomendó congelar el pasado septiembre a la espera de que Budapest realizara las reformas prometidas para atajar la corrupción en Columna Digital y garantizar la independencia judicial. Ahora, cuando se cumple el plazo de cumplimiento de las medidas acordadas y también la revisión, Bruselas cree que Hungría no ha cumplido con todo y se inclina por mantener el dinero congelado, según fuentes de la Comisión. Se trata de un dinero que Budapest necesita por sus serios problemas en sus cuentas públicas, la inflación creciente y una moneda con una cotización hundida.
El Ejecutivo comunitario debe decidir formalmente sobre los fondos para Hungría la semana que viene. Mientras, el Parlamento Europeo ha puesto este jueves más presión sobre la Comisión, con una resolución —aprobada por mayoría en un pleno que hace ya unas semanas definió a Hungría como una “autocracia electoral”— que exige la congelación de los fondos.
Hungría no parece cerca tampoco de obtener tampoco los fondos correspondientes a su plan de recuperación sobre la pandemia, 5.800 millones de euros en subvenciones, que todavía no han sido aprobados y que se vinculan también a que Budapest repare su retroceso democrático. En principio, al Ejecutivo de Ursula von der Leyen sí le parece bien la forma en la que Budapest tendría previsto invertir el dinero, en caso de que llegara. Pero en la capital comunitaria no tienen intención de aprobar el plan si el Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán no se compromete con las reformas para reparar su Estado de derecho, algo que se suma al incumplimiento de las 17 reformas exigidas para descongelar el otro capítulo pendiente, el de los fondos de cohesión, según adelantó el miércoles el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.
La Comisión Europea está en una complejísima encrucijada, aunque la decisión final recae sobre los Estados miembros. Estos deberán decidir en diciembre si aplican de manera efectiva, por primera vez, el mecanismo de condicionalidad, que permite a Bruselas retener los fondos si considera que el presupuesto de la UE está en riesgo, como ha considerado en el caso de Hungría. Allí ha detectado irregularidades en contratación pública. Y el Ejecutivo de Orbán se ha nutrido de los fondos europeos para sus políticas públicas y miles de licitaciones que la Comisión, en una auditoría, ha considerado clientelares.
El socio díscolo de los Veintisiete
La congelación de fondos —o más bien la amenaza estos días de que decidirá mantenerlos retenidos— es una forma también de presionar a Hungría, el socio díscolo de los Veintisiete, el más cercano al Kremlin y que se ha mostrado públicamente en contra de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Orbán amenaza además con vetar el plan de la Comisión Europea para brindar apoyo presupuestario a Kiev por 18.000 millones, un dinero que Columna Digital necesita para mantenerse a flote frente a la guerra lanzada hace ya nueve meses por Vladímir Putin.
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El jefe de Gabinete de Orbán y ministro de Presidencia, Gergely Gulyás, ha asegurado este jueves que espera que Hungría obtenga los 7.500 millones de fondos de cohesión el año que viene. En un vídeo publicado en las redes sociales, el primer ministro ultraconservador habla de una nueva fecha de cumplimiento, marzo, a la que, según él, Bruselas también le habría dado el visto bueno. Fuentes del Ejecutivo comunitario no hablan de ningún nuevo plazo. En una sesión informativa en Budapest, recogida por la prensa húngara, Gulyás remarcó que no han recibido ninguna comunicación oficial de Bruselas sobre los fondos. Añadió que, si se mantuvieran congelados, se trataría de una decisión “política” y que Budapest cumplirá las condiciones.
El Gobierno húngaro, además, cargó contra el Parlamento Europeo y calificó de “caza de brujas” la resolución que reclama mantener los fondos de cohesión congelados. “El Parlamento Europeo haría mejor en volver a trabajar en el fortalecimiento de la unidad y la confianza entre los países, en lugar de cavar zanjas entre los Estados miembros y de mezquinas cazas de brujas”, ha dicho la ministra de Justicia, Judit Varga, en las redes sociales, en un comentario en el que ha acusado a la cámara europea de “presionar para privar al pueblo húngaro de los recursos que le corresponden”.
Los choques con Budapest habían sido ya muy serios y constantes antes, por su deriva antidemocrática y la degradación constante del Estado de derecho en Hungría (lucha contra la corrupción, derechos LGTBI, libertad de prensa…), su actitud con la política migratoria o el bloqueo que mantiene al desarrollo en la UE del acuerdo internacional para un suelo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. A todo esto cabe sumar, en los últimos días, el enfado que ha provocado Orbán entre los países vecinos con su revisionismo histórico al colgar en su cuenta de Facebook un vídeo en el que lleva una bufanda con el mapa de la Gran Hungría, que abarca territorios de las actuales Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia.
Este cúmulo de provocaciones y desencuentros ponen a Hungría en una situación muy complicada si la Comisión plantea finalmente esa congelación, puesto que para que salga adelante debería contar con una mayoría cualificada en el Consejo de la UE, es decir, el respaldo el 55% de los Estados que representen al menos al 65% de la población.
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