La Comisión Europea ha dado otro paso este lunes para evitar que los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania queden impunes. El organismo presidido por Ursula von der Leyen ha aprobado un proyecto de reforma de Eurojust, la agencia de cooperación judicial europea, para permitir que ese organismo asuma la custodia legal de las pruebas recabadas sobre el terreno y cuya seguridad e integridad no están garantizadas si permanecen en zona de guerra. El cambio, que debe ser aprobado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo para que entre en vigor, convertirá a Eurojust en un búnker centralizado de datos y documentos para ser compartidos con la justicia internacional, la de Ucrania o la de otros países, en caso de que decidan imputar a mandos o tropas del Ejército ruso.
Eurojust pasará así de ser un mero apoyo para las investigaciones en curso por parte de las autoridades ucranias y de varios países europeos, a convertirse en el almacén central de todas las pruebas recabadas sobre el terreno. La reforma del reglamento de Eurojust permitirá a la agencia recoger, analizar y preservar pruebas relacionadas con crímenes internacionales. El mandato abarcará la custodia de todo tipo de fuentes, desde documentos, vídeos o fotografías a imágenes tomadas por satélites.
En el caso de Ucrania, el almacenamiento seguro de todas esas pruebas supone un importante esfuerzo económico y logístico, probablemente inviable para un país en plena guerra contra la invasión rusa. El número de crímenes presuntamente cometidos también parece hacer imprescindible la ayuda internacional.
La propuesta de la Comisión prevé una financiación adicional para Eurojust de 15 millones de euros para el periodo 2022-2027, incluidos medio millón de euros anuales para la gestión de los datos y del archivo. En términos de recursos humanos, Bruselas calcula que se necesitarán 16 empleados de alta cualificación y a tiempo completo para hacerse cargo de esa base de pruebas. Los perfiles laborales necesarios incluyen expertos en cooperación judicial, juristas con formación lingüística, expertos legales, técnicos informáticos y oficiales de enlace con el Tribunal Penal Internacional (TPI), y con las organizaciones de la sociedad civil.
Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión del área de Justicia, considera imprescindible reforzar el mandato y la estructura de Eurojust “a fin de garantizar que dispone de los instrumentos necesarios para afrontar la magnitud de las atrocidades cometidas en Ucrania”. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha señalado que “desde el comienzo de la invasión rusa, el mundo ha sido testigo de las atrocidades cometidas en Bucha, Kramatorsk y otras ciudades ucranias; los responsables de estos crímenes de guerra deben rendir cuentas de sus actos”.
Investigaciones ya en marcha
Las investigaciones para intentar esclarecer esos presuntos crímenes de guerra ya están en marcha por parte de la fiscalía general de Ucrania, el fiscal del TPI y las autoridades judiciales de 11 países de la UE. La mayoría de los socios de la UE, además, están movilizando recursos económicos y técnicos para acelerar la recogida de pruebas en Ucrania, un proceso que, según los expertos, debe llevarse a cabo con la mayor urgencia posible para evitar que las evidencias pierdan validez y que los autores puedan quedar impunes.
El gabinete de crisis de la UE para la guerra de Ucrania se reunió de urgencia la semana pasada con el objetivo de acelerar el envío al país atacado de expertos forenses, balísticos y de evaluación de daños, entre otros, para proceder cuanto antes a la documentación de los posibles delitos.
En la zona de Bucha se encuentra ya un equipo de forenses franceses que identifican una media de 15 cadáveres al día. Pero el Gobierno francés ha urgido al resto a enviar refuerzos ante la ingente tarea por delante. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el pasado jueves el envío de ocho especialistas del Ministerio del Interior y de 29 médicos y 10 oficiales de actividades forenses. Otros gobiernos, como el de Grecia, han mostrado su disposición a concentrar su ayuda, al menos la financiera, en la zona de Mariupol, una ciudad ucrania con una importante población de origen griego.
El proyecto para reformar el reglamento de Eurojust señala que “existen fundamentos razonables para creer que se han cometido y se están cometiendo en Ucrania crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. Las autoridades nacionales de los países implicados en las investigaciones están recogiendo pruebas. Pero Bruselas cree, según el proyecto, que “dadas las hostilidades en marcha, no se pueden guardar de manera segura en Ucrania, por lo que es urgente disponer de un lugar de almacenamiento o respaldo asegurado por la Unión”.
Bruselas asegura que ha adoptado su propuesta con carácter urgente a raíz de las reuniones mantenidas con todas las partes implicadas en la investigación (TPI, autoridades nacionales, ONG), en las que apuntaron las limitaciones que tendría Eurojust, con su mandato actual, para asumir la custodia legal de las evidencias recogidas. La Comisión añade que la necesidad de un almacén central también fue planteada durante las dos reuniones que ha mantenido con la red europea de investigación y persecución del genocidio (un órgano de la UE ligado a Eurojust) desde el inicio de la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero.
La Comisión precisa que el papel de Eurojust como custodia de las pruebas no supondrá que esa agencia asuma una función ejecutiva como autoridad de la investigación, una facultad que no está recogida en su mandato. Pero la reforma garantizará que puede recibir y conservar de manera centralizada las pruebas que lleguen de diversas fuentes. Un archivo del horror que puede ser decisivo en la postguerra y en el juicio, como mínimo histórico, del régimen de Putin.
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