El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado un importante paso en la lucha contra el lavado de dinero al imponer sanciones a dos bancos y una casa de bolsa en México. Se trata de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señalados por su supuesta conexión con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de fentanilo. Esta es una medida inédita bajo la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, y marca un hito en la relación financiera entre ambos países.
Los detalles son alarmantes. CIBanco, encabezado por Mario Alberto Maciel Castro, habría facilitado operaciones para el Cártel del Golfo, el CJNG y los Beltrán Leyva. Entre las acciones reportadas, un empleado creó en 2023 una cuenta destinada a lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, se procesaron 2.1 millones de dólares en pagos hacia empresas chinas que suministran precursores químicos para la producción de fentanilo.
Por su parte, Intercam Banco, bajo la dirección de José Rubén de la Mora Berenguer, fue acusado de mantener reuniones con miembros del CJNG para establecer métodos de lavado de dinero, canalizando 1.5 millones de dólares a empresas chinas vinculadas con el tráfico de sustancias químicas.
Vector Casa de Bolsa, liderada por Edgardo Cantú Delgado, también tiene un papel en esta problemática. La casa de bolsa permitió que un operante del Cártel de Sinaloa lavara 2 millones de dólares en un período comprendido entre 2013 y 2021, y facilitó más de 1 millón de dólares a proveedores chinos relacionados con el tráfico de fentanilo entre 2018 y 2023. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha destacado las “deficiencias significativas” en los controles internos de esta firma.
El monto total de las operaciones cuestionadas asciende a menos de 16 millones de dólares, una cifra que puede parecer pequeña comparada con los miles de millones que mueve el narcotráfico anualmente, pero que revela fallas sistemáticas en el sistema financiero mexicano. Este escenario plantea serias preocupaciones que no deben ser desestimadas por su aparente insignificancia contable.
La reacción del gobierno mexicano fue inmediata. La Secretaría de Hacienda confirmó la recepción de la notificación del Tesoro, aunque indicó que no ha recibido evidencia contundente. El único dato comprobable hasta ahora corresponde a transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente constituidas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que más de 300 empresas mexicanas han realizado operaciones similares a través de al menos 10 instituciones financieras.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha revisado a las instituciones implicadas, encontrando únicamente irregularidades administrativas que resultaron en multas por 134 millones de pesos. Hacienda ha subrayado que si hay pruebas sólidas, tomará medidas drásticas, pero que estas deben basarse en fundamentos legales y no en percepciones mediáticas.
El caso revela una inquietante realidad: Estados Unidos parece tener una capacidad superior para detectar la actividad ilícita que a menudo se pasa por alto en México. Con acceso a tecnología avanzada, inteligencia global y leyes extraterritoriales, FinCEN actúa con agilidad, mientras que la CNBV y la UIF enfrentan limitaciones estructurales y políticas.
Es crucial reconocer que la atención a estas irregularidades no debe mitigarse, independientemente de si se trató de 2 o 200 millones de dólares. La implicación de tres instituciones con activos combinados que superan los 25,000 millones de dólares debe ser vista como una grave alerta, ya que podría derivar en una crisis de confianza financiero si no se toman las medidas correctivas adecuadas.
La información aquí expuesta refleja un contexto crítico y relevante, tratándose de asuntos de suma importancia para el sistema financiero y la seguridad pública.
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