El certificado covid de la Unión Europea estará listo de cara al verano, tras el acuerdo alcanzado este jueves entre el Parlamento Europeo y el Consejo (órgano que representa a los Veintisiete). Después de cuatro largas sesiones de discusiones tensas, duras, y regidas por la extrema urgencia que impone la inminente temporada estival, el compromiso de última hora ha llegado al filo de las seis y media de la tarde, después de días de enfrentamiento por el precio de las PCR y el alcance del certificado vacunal. La posición de compromiso, de la que aún queda por conocer los detalles, aspira a que las pruebas PCR tengan un precio “asequible”, para lo que la Comisión Europea movilizará un mínimo de 100 millones de euros; y reclama (pero no obliga) a los Estados miembro que “se abstengan” de imponer a los turistas inmunizados restricciones adicionales, como nuevas PCR o cuarentenas obligatorias, aunque sin socavar la competencia de las capitales para decretarlas de nuevo, si lo consideraran necesario por razones de salud pública.
Tras el acuerdo informal de este jueves por parte de los equipos negociadores del Parlamento y el Consejo, ambas instituciones aún tendrán que aprobar el reglamento correspondiente, pero rara vez le han dado la vuelta a los compromisos ya sellados. El procedimiento de urgencia que ha seguido la negociación busca que el nuevo reglamento sea finalmente aprobado en junio. De este modo, el documento con el que se pretende acreditar que una persona ha sido vacunada, tiene anticuerpos, o ha dado negativo en una prueba PCR, podría finalmente ser puesto en macha el 1 de julio, si la infraestructura técnica, que ya están en fase de pruebas, llega también a tiempo. Los negociadores también han logrado fijar un detalle no menor, un nombre de consenso: el documento se llamará certificado covid de la UE.
“El Parlamento Europeo ha tenido como prioridad absoluta desde el inicio de la pandemia restaurar un Schengen totalmente operativo y la libre circulación, de lejos el activo mas apreciado de la ciudadanía europea”, ha afirmado en una rueda de prensa tras el acuerdo el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, quien ha llevado la batuta de las conversaciones por parte de la Eurocámara como presidente de la comisión de Libertades Civiles. El canario, que ha calificado los llamados “trílogos” (negociaciones informales entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión) de “agotadores” y “estresantes”, se ha mostrado satisfecho por el papel del hemiciclo, al mejorar la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario y el Consejo. En su opinión, se ha logrado superar la “inseguridad jurídica, discriminatoria para los ciudadanos” y la UE encara ya una temporada veraniega que deja atrás “la pesadilla del 2020”.
Los europarlamentarios reclamaban que el certificado se convirtiera casi en un salvoconducto, un documento suficiente para que los ciudadanos de la UE atravesaran las fronteras interiores europeas evitando restricciones adicionales, como cuarentenas o pruebas PCR. De esta forma, argumentaba la Eurocámara, se le daría a los viajeros seguridad jurídica, y se evitaría el caos de meses anteriores cuando cada Estado miembro ha estado imponiendo medidas por su cuenta. Pero el Consejo ha pretendido en todo momento precisamente lo contrario: que los 27 Gobiernos se reserven la posibilidad de imponer restricciones y cuarentenas a los viajeros, incluso a los que lleguen provistos de un documento que acredite haber recibido una vacuna contra la covid-19, manteniendo así las capitales un margen de maniobra sobre sus fronteras.
Finalmente, el tira y afloja ha resultado en un compromiso: “Sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para imponer restricciones por motivos de salud pública”, dice el texto de acuerdo al que ha tenido acceso este diario, “cuando los Estados miembros acepten certificados de vacunación, prueba o recuperación [de la covid], se abstendrán de imponer restricciones adicionales a los viajes […] a menos que sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública”, y siempre teniendo en cuenta los criterios científicos y epidemiológicos del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).
El Parlamento, además, reclamaba que las pruebas PCR sean gratuitas y accesibles a todos los ciudadanos a los que se les exija para viajar, para evitar que el certificado resulte discriminatorio entre quienes han tenido la posibilidad de vacunarse o cuentan con anticuerpos naturales y quienes no. De lo contrario, por ejemplo, un joven de 20 años que no haya pasado la covid ni haya sido vacunado, al no entrar aún en los planes de inmunización, se vería obligado a asumir los costes de varias PCR para viajar.
Ante la postura dura del Consejo, que defendía que las arcas públicas ya están al límite, y que ya existen fórmulas para reducir los precios a disposición de los países (como la rebaja del IVA), la Eurocámara ha ido reduciendo sus propuestas, y finalmente ambos han hecho concesiones. El pacto indica que para que las pruebas de detección de la infección sean “asequibles” para los viajeros, y “en particular para las personas que cruzan las fronteras a diario o con frecuencia”, como los trabajadores transfronterizos o quienes las atraviesan para visitar a parientes cercanos, la Comisión se compromete a movilizar “fondos adicionales de 100 millones de euros”, provenientes del Instrumento de Asistencia Urgente, el mismo con el que se han financiado los 3.500 millones de euros de los contratos de vacunas. Estos 100 millones podrían ser ampliados en un futuro.
López Aguilar ha indicado que el compromiso ha sido el de reducir “sustancialmente” el coste de las pruebas, y ha explicado que también los llamados test de antígenos, más baratos que las PCR, podrán ser tenidos en cuenta para expedir los certificados, ya que “de acuerdo con los reportes de la Comisión, se está incrementando su fiabilidad científica”.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
